VITORIA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -
El grupo del PNV en las Juntas Generales de Álava ha presentado una moción para su debate, debido a la modificación del calendario de implantación de la Ley de Dependencia que anunció la semana pasada el Gobierno de España. Además, ha instado a la Diputación foral de Álava a seguir implantando el calendario de grados y niveles de dependencia "como establece la ley".
El Ejecutivo central presentó el pasado viernes, día 30 de diciembre, el Real Decreto Ley 20/2011, mediante el cual se congela durante un año la incorporación de nuevos beneficiarios de la Ley de Dependencia.
En un comunicado, la procuradora del grupo jeltzale Covadonga Solaguren ha señalado que el territorio alavés se ha caracterizado durante los últimos años por haber creado un sistema de Servicios Sociales "de calidad" que "ha enorgullecido a todos los alaveses y que ha sido modelo para otros territorios y comunidades".
En este sentido, ha recordado que, en el primer trimestre de 2011, un grupo de expertos en la aplicación de la Ley de Dependencia otorgó a Álava una calificación de "sobresaliente" por el desarrollo e implantación del calendario establecido en la citada ley, así como por el cumplimiento de los plazos establecidos para la concesión de los servicios y prestaciones.
"Nos preocupan mucho las consecuencias que la aplicación del Real Decreto Ley 20/2011 puede tener en nuestro territorio, ya que puede suponer una pérdida de prestaciones a personas que hoy las reciben", ha indicado Solaguren.
Por ello, ha instado al Departamento de Asuntos Sociales de la Diputación foral de Álava a seguir implantando el calendario de grados y niveles de dependencia "como establece la ley" y a "no hacer discriminaciones" entre los alaveses que ya tienen reconocido un servicio o prestación antes del 30 de diciembre de 2011 y aquellos que les hubiesen reconocido a partir de esa fecha.
Asimismo, ha emplazado a la institución foral a reclamar al Consejo Territorial de la Dependencia "la cuantía que se había comprometido a abonar el Estado como mínimo garantizado y la parte del cupo que corresponde por el nivel acordado".
