Plantea una norma para evitar "persecuciones" como las sufridas por quienes denunciaron las irregularidades en la OPE de Osakidetza
VITORIA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
Elkarrekin Podemos ha propuesto garantizar por ley la protección de las personas que destapen conductas ilegales o corruptas en el sector público y privado, para lo que plantea garantías para el mantenimiento del empleo, el anonimato y la integridad física de quienes alerten sobre estas prácticas. El objetivo de la ley es evitar "persecuciones" como las que denuncian haber sufrido las personas que revelaron las irregularidades en la OPE de Osakidetza.
El grupo de Elkarrekin Podemos ha registrado este martes en el Parlamento vasco una proposición de ley, en la que se recogen estas medidas, que han sido presentadas por la parlamentaria Cristina Macazaga y por dos de los tres anestesistas que destaparon las irregularidades en la última OPE de Osakidetza, algunas de las cuales fueron confirmadas posteriormente en una investigación interna.
Esta 'Proposición de Ley para la Protección de las Personas que Alerten de Infracciones Legales, Abusos de Derecho y Malas Prácticas contra el Bien Común en Euskadi' iniciará ahora su tramitación en la Cámara autonómica.
La propuesta responde al objetivo de facilitar que la ciudadanía "cumpla con su obligación cívica" de alertar de infracciones ilegales y de "abusos de derecho o malas prácticas contra el bien común, según ha explicado E-Podemos, que ha subrayado la importancia de estas medidas para combatir la corrupción y "otros comportamientos indeseables" en el sector público y en determinadas áreas de la actividad privada, especialmente en aquellas que afectan al conjunto de la ciudadanía.
"TEMOR A REPRESALIAS"
A través de esta proposición de ley se trata de establecer una serie de garantías legales para que los ciudadanos puedan alertar sobre prácticas ilegales o "indeseables" sin temor a "posibles represalias", de forma que se facilite la ruptura de la "ley del silencio" que opera en determinados ámbitos.
E-Podemos propone que quienes alerten de estas situaciones reciban "la protección necesaria de las fuerzas de seguridad cuando exista un peligro o amenaza sobre su vida, su integridad física o sus pertenencias" como consecuencia de la denuncia que hayan efectuado.
Además, se plantea asegurar el anonimato de la persona que alerte sobre posibles malas prácticas, que además tendrá derecho a asistencia jurídica efectiva por parte del Gobierno Vasco, incluso si es demandada o investigada a raíz de las revelaciones que haya efectuado.
La propuesta contempla un apartado con medidas de protección para asegurar que estas personas mantengan su puesto de trabajo y sus condiciones laborales, así como para evitar que el ejercicio de sus derechos en el ámbito del empleo se vea "obstaculizado" como consecuencia de sus denuncias.
