Los socialistas dialogarán para acordar la Ley de Servicios Sociales, aunque exigen "cambios sustanciales y de calado social"
BILBAO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
La responsable de políticas sociales y sectoriales del PSE-EE, Isabel Celaá pidió hoy a las diputaciones "que no caigan en el error, en estos momentos de crisis", de recortar las políticas sociales, porque, entre otras cosas, van a recibir este año del Estado, vía cupo, 30 millones de euros. Asimismo, mostró la disposición de los socialistas a dialogar para llegar a un acuerdo en la Ley de Servicios Sociales, aunque advirtió de la necesidad de "cambios sustanciales y de calado social" en el anteproyecto del tripartito.
Celáa ofreció hoy una rueda de prensa en Bilbao, acompañada por los parlamentarios Gemma Zabaleta y Oscar Seco, para valorar el proyecto de Ley de Servicio Sociales que, según criticó, "llega con ocho años de retraso, tras ocho años de falta de liderazgo en el terreno de lo social" y, además, "envuelto en la espesa niebla de la consulta de Ibarretxe sin que el Gobierno muestre fuerza para el debate".
La dirigente del PSE-EE pidió a las diputaciones que tomen como ejemplo "el compromiso solemne del presidente Zapatero de evitar recortes sociales para que la crisis no la paguen los más necesitados" y advirtió de que "sería un fraude que a costa de la Dependencia se generaran mayores ingresos vinculados a los Servicios Sociales y con menor gasto, proporcionando un ahorro neto repudiable a nuestras Diputaciones".
Tras afirmar que los socialistas vascos quieren "seguir poniendo lo social, los asuntos que afectan a los vascos en el centro de la vida política", Celaá lamentó que no saben siquiera si el Gobierno vasco "tiene la intención de sostener el gasto social en medio de la crisis, como ha comprometido Zapatero, o si por el contrario lo reducirá".
Celaá manifestó la "entera disposición al diálogo" con el tripartito del PSE-EE para sacar adelante esta Ley, aunque advirtió de que sostienen "diferencias profundas en torno a temas de calado que, habiendo sido subrayados por la Ponencia de Servicios Sociales durante dos años, no han sido, sin embargo, tenidas en cuenta en este proyecto".
La responsable socialista destacó que el PSE-EE gobierna los ayuntamientos más grandes de la comunidad y casi sobre la mitad de los ciudadanos, por lo que consideró que su opinión en materia de servicios sociales es "enteramente relevante".
En ese sentido, aseguró que el sistema de servicios sociales de Euskadi "no está a la altura de nuestros abundantes recursos económicos". Así, denunció que "uno de cada ocho niños continúa siendo pobre en Euskadi y muchos de nuestros ancianos siguen desasistidos" y se mostró en contra de que cualquier actuación en domicilio o residencia "comience con la entrega de las libretas de ahorro, vulnerando la intimidad del anciano".
AVANCES
Celaá reconoció que proyecto de Ley de Servicios Sociales incluye "determinados avances", entre los que citó "una clasificación de servicios y prestaciones, que corrige algunas deficiencias del sistema competencial anterior, avanza en la concertación, mejora los instrumentos de planificación y control e incluye cartas de derechos y deberes de los usuarios y profesionales".
Sin embargo, advirtió de que "tal como está planteado en su redacción actual, y a pesar de sus avances técnicos, no satisface los mínimos que desde el punto de vista del PSE justifiquen la aprobación de una nueva ley, que no son otros que superar los problemas, ya casi endémicos, de los servicios sociales vascos".
A juicio del PSE-EE, los objetivos que debe perseguir la futura ley han de ser "generar un sistema; impulsar la universalización de los Servicios Sociales suministrados en forma de derecho subjetivo de toda la ciudadanía; garantizar el trato equitativo a todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma; ofrecer unos servicios homologados y de calidad; y ordenar y hacer congruente la distribución competencial entre las diferentes Administraciones Públicas vascas".
Por ello, explicó los ejes que constituirán la base de las enmiendas que formulará el PSE-EE al Parlamento vasco. En primer lugar, abogarán por la creación de un organismo público conformado por Gobierno vasco, Diputaciones Forales y municipios que dirija efectivamente todo el Sistema Vasco de Servicios Sociales y que garantice "la equidad de un sistema homogéneo, innovador, equitativo y racional, que permita comparar y visibilizar el cuarto pilar del Estado del Bienestar con los de la Sanidad o la Educación".
Celaá reclamó un organismo que haga "planificación, innovación, inspección, coordinación, evaluación y calidad, que aporte marca corporativa, asuma materias de formación y promoción del personal público de Servicios Sociales y dote de herramientas unificadas a todo el sistema". "Un modelo -precisó- a la vez descentralizado y a la vez homogéneo"
También consideró "prioritario" definir las prestaciones o servicios, "de forma que podamos responder a preguntas como quién tiene derecho, en qué supuestos y requisitos, con qué intensidad, a qué prestaciones o servicios y qué precio". Además, rechazó que la universalización de derechos que la Ley "no entre en vigor hasta el año 2017".
También mostró su discrepancia con la desaparición del anteproyecto de Ley de la figura de la 'Alta inspección de los Servicios Sociales' y consideró preocupante que el proyecto de Ley "siga sin resolver la articulación entre la política de servicios sociales, la de garantía de ingresos, y la inclusión social".
COPAGO
Los socialistas tampoco asumen la fórmula copago planteada en el proyecto y defienden "un sistema que dé iguales derechos a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi", así como que en la Ley "aparezcan definidos los servicios y las prestaciones, sus destinatarios, así como los elementos básicos que van a configurar la cartera de servicios y prestaciones".
Por otro lado, Celaá reclamó la Memoria económica de la Ley, "de forma que se sepa qué carga económica va a tener que asumir cada Institución, como consecuencia del modelo competencial que se quiere instaurar".
En ese sentido, consideró "urgente" que se prevean fórmulas de financiación y apoyo para los Ayuntamientos, "quienes presentan problemas importantes ante la ausencia de la Ley de financiación municipal".
Por ello, instó a las instituciones a negociar un acuerdo de financiación que, entre otras cosas, "asuma que los servicios y prestaciones derivados del sistema de Dependencia han de correr por cuenta de las diputaciones forales, que ahora están absorbiendo todos los fondos que, por vía cupo, proceden de las transferencias del Estado vinculadas a la dependencia, sin que esos fondos hayan revertido en los ayuntamientos ni en la mejora exponencial del servicio a los dependientes".
También consideró que la ley "ha de deslindar con claridad el objeto de su competencia", por lo que explicó que la propuesta del PSE es que las prestaciones económicas de garantía de ingresos y las de complemento de vivienda "no sean gestionadas por los servicios sociales, sino por las Haciendas Forales, o, en su caso, por los departamentos correspondientes del Gobierno".
Tras defender un sistema que asuma la gratuidad de los servicios sociales, como ocurre en la Educación y la Sanidad, explicó que, como excepción, defienden un copago "que se dirija en exclusiva a la parte hostelera de los servicios (alimentación, alojamiento...), cuando la tengan, quedando exento de pago todo lo que sea específico de los servicios sociales (asistencia personal, acompañamiento social...)".
Además, los socialistas plantean que la ley "diga claramente que los servicios sociales lo serán para todos los vascos", así como que mejore la calidad en el empleo en el ámbito de los servicios sociales y se garantice por ley un porcentaje del PIB vasco en gasto público".
