Recupera su propuesta de reforma de la LTH para una reorganización interna con la que se gane "en eficacia"
BILBAO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PSE-EE ha propuesto en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco, que trabaja en un nuevo Estatuto para Euskadi, la creación de un Consejo de Justicia del País Vasco y un sistema propio de tratamiento penitenciario dentro de la Constitución. Además, recupera su propuesta de reforma de la Ley de Territorios Históricos (LTH) para proceder a una reorganización interna con la que se gane "en eficacia".
En un documento sobre el capítulo de 'Poderes públicos' para el nuevo Estatuto, registrado el miércoles de la pasada semana con motivo de la reunión de la ponencia, los socialistas vascos señalan que esta Ley Orgánica debe "reconocer" al Poder Judicial como "un poder del Estado, así reconocido por la Constitución en vigor".
El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, destaca que "no cabe otra interpretación posible", y plantea que, "a partir de esta realidad legal, y asumiendo lo ya recogido en el Estatuto de Gernika", se constituya "un Consejo de Justicia de Euskadi, como órgano de gobierno de la Administración de Justicia y de acuerdo con lo previsto en la Ley Órgánica del Poder Judicial (LOPJ), que podrá delegar en el mismo las funciones que se acuerden".
En este sentido, recuerda que "así está previsto, sin objeción del Tribunal Constitucional y con mayor o menor detalle en todas las Comunidades Autónomas que han renovado sus Estatutos", como la Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Castilla León, Extremadura o Aragón, y también en Cataluña, aunque en este último caso con "las limitaciones acotadas por el Tribunal Constitucional, que deberían ser tenidas en cuenta en la articulación del Estatuto" de Euskadi.
En todo caso, precisa que será la comisión de expertos, a la que se encargue la redacción del articulado, la que decida si se entra en concreciones en el texto estatutario o se desarrolla posteriormente por Ley.
TRATAMIENTO PENITENCIARIO
El PSE-EE también propone que se organice "un sistema propio de tratamiento penitenciario en los términos compatibles con la Constitución, sin perjuicio de la competencia del Estado en la legislación básica en la materia, en la medida en que se cumplimente la transferencia de prisiones, para poder ejecutar con mayor eficacia las medidas aplicables a las personas presas orientadas a su reinserción en los términos previstos por la Constitución en su artículo 25".
En la actualidad ya se gestionan en la Comunidad Autónoma Vasca por convenios con Instituciones Penitenciarias la casi totalidad de servicios a los presos, como los de educación, sanidad, empleabilidad cuando son excarcelados, y el cumplimiento alternativo de penas.
De hecho, desde 1987 existe en Euskadi un Servicio de Asistencia y Orientación al Detenido y, desde 1990, el Servicio de Asistencia a la Reinserción, que son antecesores del actual Servicio Vasco de Gestión de Penas, que funciona desde 2011.
PODERES FORALES Y MUNICIPALES
En cuanto a los poderes públicos forales y municipales, los socialistas creen que, al igual que los autonómicos, tienen que estar reconocidos en el nuevo Estatuto, como "poderes de primer orden".
A su juicio, se trata "una laguna del actual texto de Gernika", por lo que cree que ahora debe preverse "nítidamente el derecho de los ayuntamientos vascos a su autonomía política, orgánica y financiera, así como el reconocimiento de la competencia del Parlamento vasco para proceder a la legislación básica en determinadas materias".
En esta línea, el PSE-EE destaca que los municipios "tienen que tener estatutariamente garantizados los recursos" para desempeñar sus tarea. "Se trataría de evitar que esta cuestión quede en el futuro al albur de las interpretaciones de cada cual, cuestión que en el conjunto del desarrollo del autogobierno y en relación al Estado, ha sido un lastre", asevera.
El grupo socialista recuerda que presentó la pasada legislatura una Proposición de Ley sobre la organización institucional interna de la Comunidad Autónoma Vasca, "una vía ordinaria para cambiar una ley de rango ordinario como es la vigente LTH".
Sin embargo, destaca que la Comisión Arbitral consideró por mayoría que una modificación de este tipo requeriría de una revisión estatutaria. Aunque el PSE-EE "discrepa de ese criterio", entiende que la reforma del Estatuto "debe aprovecharse para esa nueva organización institucional, para mejorar el autogobierno hacia adentro de la Comunidad Autónoma, con criterios sociales y de eficacia para avanzar en la igualdad de derechos y obligaciones, en una mayor cohesión territorial y social, y en una gestión pública más transparente y eficiente".
"Para ello, y como se propone en relación al Estado, este título aclararía las competencias de cada ámbito institucional y establecería las fórmulas y órganos de cooperación", remarca.
TEMA FISCAL
De forma específica, el PSE-EE destaca que, "como en el resto de los sistemas democráticos modernos, la cuestión fiscal es un elemento central de su funcionamiento". "En ellos, el sistema tributario no sólo surte a las instituciones de los recursos necesarios para financiar las políticas públicas, sino que es garantía del tratamiento igualitario a los ciudadanos e instrumento esencial de redistribución y solidaridad", añade.
Por ello, cree que "las decisiones que se adopten sobre la fiscalidad deban tener la máxima transparencia y control democráticos". "Lo conveniente es atribuir al Parlamento Vasco la potestad para regular normativamente el sistema tributario en el ámbito que la Ley del Concierto Económico atribuye a los Territorios Históricos", asegura.
En este sentido, adjunta como anexo el texto íntegro de la propuesta realizada en su día para que lo tengan en cuenta los expertos que redacten el texto estatutario.
El PSE-EE coincide con otros grupos en que el control de todos los poderes públicos vascos "sea reconocido estatutariamente al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y a la institución del Ararteko", que también deberán "definirse bajo los mismos principios de transparencia, igualdad y participación".
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Asimismo, los socialistas proponen que el nuevo Estatuto "comprometa la garantía del derecho de los ciudadanos vascos a intervenir, de acuerdo con las reglas y en los términos que la legalidad constitucional y estatutaria establece, en todas las decisiones políticas que afectan a sus derechos e intereses en el ámbito de las competencias de los poderes públicos vascos".
Se trata, según apunta, de "una previsión recogida en casi todos los Estatutos recientes para atender la ineludible voluntad de la ciudadanía de ser parte activa en los asuntos públicos, que deberá ser después regulada mediante la ley correspondiente".
Los socialistas insisten en que cualquier reforma que se pueda explorar en el capítulo de los poderes públicos vascos "debe ceñirse al marco jurídico vigente".
En esta línea, apuntan que, "sin renuncia a una futura revisión constitucional en sentido federal" que pudiera modificar lo que acuerde el Parlamento Vasco, se debe establecer "un principio general" para la actuación de estos poderes públicos "sustentado en la transparencia, que se refleje en una nueva forma de gobernanza".
De igual manera, "y como principio transversal", el PSE-EE manifiesta que "la totalidad de los poderes públicos vascos deben tener reflejada la obligatoriedad de ser garantes de la igualdad plena de hombres y mujeres, tanto en sus órganos rectores como en sus actuaciones". Por último, apunta que un tercer principio "que debe impregnar a todos esos poderes públicos es el de la participación ciudadana en la toma de decisiones".
