BILBAO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
La reforma de la Ley de abusos policiales iniciará su tramitación parlamentaria previsiblemente el próximo martes, cuando se reúna la Junta de Portavoces para que se puede incluir en el orden del día del próximo pleno ordinario.
En esa sesión plenaria, que probablemente se celebrará el 15 de noviembre, se tomará en consideración la iniciativa, y se espera que los plazos para su aprobación definitiva no se prolonguen, al haberse presentado por el PNV y el PSE-EE para su trámite por vía de urgencia, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.
El 11 de octubre jeltzales y socialistas registraron en la Cámara autonómica, de forma conjunta, las modificaciones pactadas con el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de julio para que retirara el recurso de constitucionalidad presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy contra la 'Ley vasca de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999', aprobada en 2016.
No obstante, la retirada del recurso no asegura que el alto tribunal no continúe con el análisis de la norma y se pronuncie al respecto. Por ello, antes de que el TC pueda decidir sobre el desistimiento del Ejecutivo central, PNV y PSE-EE quieren que se apruebe la reforma y, por ello, solicitaron su tramitación urgente.
Una vez que el martes de la pasada semana el Consejo de Gobierno emitiera su criterio favorable, se espera que los promotores de la modificación de la Ley la eleven a la Junta de Portavoces del próximo martes. De esta forma, entraría en el orden del día del próximo pleno ordinario, que se celebraría el 15 de noviembre, para que se vote su toma en consideración.
En principio, las fuentes consultadas no esperan que haya problemas para que los grupos de la Cámara decidan su tramitación, ya que, en principio, Elkarrekin Podemos y EH Bildu no votarían en contra, algo que sí hará el PP.
A partir esa sesión plenaria, empezará a correr el plazo para la presentación de enmiendas, que, dada la vía de urgencia por la que se ha tramitado la modificación legislativa, se verán limitadas a la mitad del tiempo establecido.
MODIFICACIONES
La principal causa para que el Gobierno de Rajoy recurriera la norma ante el Tribunal Constitucional radicaba en la 'comisión de valoración' que debía determinar qué personas habían sido víctimas de "motivación política", lo que, a su entender, invadía competencias de los tribunales.
En el texto reformado y registrado por PNV y PSE-EE, se recogen cambios "puntuales" con el fin de que quede claro que se prima "el interés de las víctimas por encima del esclarecimiento de los hechos o la identificación de los culpables", para evitar la invasión de la competencia del Poder Judicial y "salvaguardar el honor y la presunción de inocencia" de los posibles victimarios.
La pretensión es que la Ley "pueda tener una mayor seguridad jurídica y evitar que el Tribunal Constitucional la suspenda". En concreto, las modificaciones afectan a tres artículos y a la disposición adicional sexta. En ellos, se sustituyen expresiones referidas al "esclarecimiento de los hechos" por otras en las que se alude a la búsqueda de la "más completa resolución de los expedientes".
