Gobierno vasco rechaza la idea porque en la crisis "es más importante consolidar los derechos existentes" que crear "nuevas expectativas"
VITORIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno vasco ha descartado finalmente la idea de incluir entre los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) al colectivo de jóvenes de 18 años que, hasta cumplir la mayoría de edad, se encontraban bajo la tutela de las diputaciones. La decisión responde a la actual situación de crisis, en la que para el Ejecutivo "es más importante consolidar y no poner en cuestión los derechos que ya existen" que crear "nuevas expectativas" de derechos.
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, dio a conocer hoy esta decisión al término del Consejo de Gobierno en el que se aprobó el decreto que regula la RGI. Esta prestación, la antigua Renta Básica, establece una prestación de 650 euros al mes por perceptor, en el caso de las personas sin otros ingresos, aunque también se concede como complemento para las rentas más bajas.
En la actualidad, 52.849 familias se benefician de la Renta de Garantía de Ingresos. Una prestación que, según acuerdo del Parlamento vasco, tiene consideración de derecho subjetivo exigible por ley, lo que convierte a Euskadi "en uno de los países europeos con mayor nivel de protección económica", según indicó Zabaleta.
La nueva RGI tiene como gran objetivo lograr la activación y cualificación profesional de sus beneficiarios para facilitar su inserción laboral. El nuevo decreto establece que los perceptores de las prestaciones tendrán que estar dispuestos a activarse laboralmente por medio de la firma de los convenios de inclusión, es decir, a acceder a la formación y aceptar empleos adecuados que les sean ofrecidos.
La ley de RGI concede el derecho a la prestación, pero de la misma forma obliga a que las personas estén disponibles para activarse laboralmente.
NUEVOS PERCEPTORES
Por otra parte, el decreto amplía derechos a personas o situaciones a las que hasta ahora no llegaba la prestación, como en el caso de las personas divorciadas que se ven obligadas a retornar con sus familias por falta de ingresos y domicilio o las que sufran el desahucio de sus viviendas.
La crisis económica ha obligado al Ejecutivo a plantear algunas modificaciones en el decreto respecto a sus previsiones iniciales. De esa forma, aunque la propia Zabaleta había anunciado que la RGI --en principio orientada para los mayores de 23 años-- se haría extensiva a los jóvenes que viven en centros forales de tutela y que, cumplidos los 18 años, abandonan el amparo de las diputaciones, esto no será finalmente así.
Zabaleta explicó que "en este momento al Gobierno le parece más importante que avanzar en nuevas expectativas de derecho, consolidar los que ya existen". La decisión, según dijo, se ha adoptado para "no poner en cuestión los derechos que hoy asisten y existen".
No obstante, Zabaleta aseguró que estos jóvenes no quedarán "desamparados" y que se cooperará con las diputaciones para evitar esta situación. Además, indicó que si requieren de "otro tipo de apoyos", estos se canalizarán a través de entidades del Tercer Sector. También se pondrá en marcha programas de inclusión activa para estas personas.
La consejera manifestó que tras la aprobación en enero de la Prestación Complementaria de Vivienda, esta nueva norma constituye "un paso adelante en la voluntad del Gobierno por avanzar hacia el pleno desarrollo de la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social", que culminará con la regulación de los Convenios de Inclusión Activa y las Ayudas de Emergencia Social.
Salvo las personas pensionistas, que complementan su pensión con una cuantía de la RGI, el resto recibirá una oferta de orientación laboral y valoración de su empleabilidad junto a la prestación. En la actualidad, el 36 por ciento de los perceptores de RGI son pensionistas, otro 34 por ciento perciben la RGI en su integridad y el 30 por ciento restante dispone de alguna renta de trabajo y la complementa con una parte de la RGI.
Los perceptores de la RGI en condiciones de empleabilidad abandonarán el circuito de los servicios sociales para trasladarse a las oficinas del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, en el que los orientadores laborales les marcarán el itinerario formativo y seguirán sus progresos. Hasta que no se materialice la transferencia de las políticas activas de empleo, los ocho municipios que cuentan con oficinas de Lanbide serán los primeros en desarrollar esta experiencia.
"HACINAMIENTO" EN PISOS
La RGI ordena, asimismo, la percepción de las prestaciones en domicilios particulares, para lo que establece hasta dos prestaciones por domicilio. La medida va en consonancia con la Prestación Complementaria de Vivienda, que también establece en dos familias el límite de perceptores por domicilio. Con esta medida, el Gobierno pretende evitar "situaciones de hacinamiento incoherentes con la dignidad de las personas, así como el inadecuado uso de las ayudas o el abuso sobre las personas que las perciben".
Otra novedad es la creación del complemento de monoparentalidad, que supone un incremento del 6,4 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional, en el caso de estas familias.
En la actualidad, la cuantía de la RGI es de 650,19 euros al mes por perceptor. El presupuesto del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales en 2010 para el pago de esta prestación asciende a 281,4 millones de euros.
