BILBAO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional ha archivado de forma definitiva el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy, a la denominada Ley de Víctimas Policiales del Gobierno Vasco. Esta decisión se produce después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez desistiera de este recurso tras llegar a un acuerdo con el Gabinete de Iñigo Urkullu que implicó una modificación de la ley.
Según han informado fuentes del Ejecutivo autónomo, el pleno del alto Tribunal ha comunicado este martes que da "por desistido al Gobierno de la Nación en el recurso de inconstitucionalidad" y declara "extinguido" el proceso.
Además, deniega la personación en el recursos de inconstitucionalidad de la Asociación Dignidad y Justicia y de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil.
Quedaría, por tanto, pendiente el recurso al Tribunal Constitucional de Ciudadanos a la reforma de varios artículos de la Ley aprobada por el Parlamento Vasco.
En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka ha considerado un "dato bueno y positivo" que el TC haya decidido "archivar sin más trámite" este procedimiento y ha criticado que Ciudadanos que "no tiene un solo escaño" en el Parlamento vasco haya recurrido esta ley.
El Parlamento Vasco aprobó en abril la reforma de la Ley de reparación de víctimas de abusos policiales, una modificación impulsada por el PNV y el PSE-EE para zanjar las dudas sobre la constitucionalidad de la ley original. La modificación salió adelante con el apoyo de 'jeltzales' y socialistas, mientras que EH Bildu y Elkarrekin Podemos se abstuvieron y el PP votó en contra en contra.
La reforma de la Ley aprobada por el Parlamento, destinada a reconocer y reparar a los damnificados por abusos cometidos por las fuerzas policiales o parapoliciales entre 1978 y 1999, fue fruto de un acuerdo alcanzado en agosto del pasado año por los Gobiernos central y vasco.
A través de dicho acuerdo, el PSOE aceptó retirar el recurso presentado en su día por el gabinete de Mariano Rajoy contra la Ley original, al entender que invadía competencias de los Tribunales de Justicia.
