SAN SEBASTIÁN, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las trabajadoras de limpieza de comisarías y juzgados de Gipuzkoa, que el próximo miércoles cumplirán nueve meses de huelga para "acabar con la brecha salarial que padecen" con respecto al sector de la limpieza viaria, harán una acampada de tres días, entre el lunes y el miércoles, en el Boulevard de San Sebastián, para dar a conocer su situación a la sociedad.
Los sindicatos que convocan la acampada -ELA, ESK, LAB y UGT- han ofrecido una rueda de prensa conjunta en la que han explicado que desde el pasado 19 de septiembre, fecha en que se inició la huelga, han realizado numerosas movilizaciones, pero "los responsables de este servicio público no han hecho nada para solucionar el conflicto".
Según han recordado, el objetivo de esta huelga es "acabar con la diferencia que hay en los salarios entre hombres y mujeres por hacer el mismo trabajo", que es "de un 13% en la limpieza de comisarías, y de un 7% en la limpieza de edificios judiciales".
En esa línea, los responsables sindicales han apuntado que en las últimas semanas "no ha habido ningún avance" en las negociaciones y han criticado que los departamentos de Justicia e Interior del Gobierno Vasco, últimos responsables del servicio, "hasta la fecha, no han sido capaces ni tan siquiera de reunirse con las trabajadoras para escuchar su reivindicación de primera mano".
"El quid está en que no quieren aceptar que hay brecha salarial. Resultaría un precedente muy peligroso, pues es un problema que afecta a todo el resto de limpiadoras de la Comunidad Autónoma del País Vasco", han denunciado, al tiempo que han subrayado que la adjudicataria del servicio, la empresa Garbialdi, "tampoco ha puesto en marcha una negociación seria".
De este modo, los sindicatos han aplaudido el "esfuerzo" de las trabajadoras para conseguir un acuerdo porque, según han destacado, "hasta ahora han sido las únicas que han mostrado voluntad para solucionar el conflicto".
ACUERDO FALLIDO
"La parte social dejamos claro que si en este convenio se eliminaba el 70% de la brecha firmaríamos el acuerdo, sin mencionar la existencia de la propia brecha, ni condicionar su eliminación de cara al siguiente convenio. Gracias a este movimiento cerramos el acuerdo en este punto. En un momento, parecía que conseguiríamos ese objetivo, sin embargo, finalmente no ha sido posible", han lamentado.
ELA, ESK, LAB y UGT han reclamado que "se aplique lo que dice la ley" pero han criticado que la empresa "no está de acuerdo con nuestra lectura, y no quieren aplicar lo que se recoge en el convenio. Ante esta situación, han preguntado al Gobierno Vasco "cómo es posible que en una subcontrata pública un tema de salud laboral sea la excusa para no cerrar un acuerdo, más cuando la parte social está dispuesta a acatar lo que dicte una sentencia".
A su juicio, las administraciones públicas "tienen una oportunidad inigualable para llevar a la práctica su discurso político en favor de la igualdad" ya que "la actual legislación sobre contratación pública les permite incluir cláusulas sociales para eliminar todo tipo de discriminaciones, incluidas las de género".
