BILBAO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
Trabajadores de la Administración de Justicia se realizarán este jueves frente al Palacio de Justicia de Barakaldo un "cortejo fúnebre" que parodiará el "proyecto privatizador" del Registro Civil, que supondrá "un nuevo copago" para los ciudadanos y conllevará "una importantísima pérdida" de empleo público.
La protesta, que se celebrará a las once de la mañana, está organizada por la Asamblea de Trabajadores de la Administración de Justicia de Barakaldo en el marco de la campaña que desarrollan de forma unitaria los sindicatos CC.OO, ELA, LAB, CGT, y UGT contra medidas como la privatización del Registro Civil, las tasas judiciales, la supresión de juzgados de paz y de partidos judiciales y el "alejamiento" de la justicia del ciudadano.
Según han explicado los convocantes, en el "funeral in memorian del Registro Civil y de la Justicia Universal", "dos muertes, ángeles exterminadores de los servicios públicos (Rajoy y Gallardón), portarán el ataúd junto a dos enterradores vampirescos (dos registradores de la propiedad, que se embolsaran los beneficios de esta privatización), seguidos por varias plañideras (la ciudadanía que llorará desconsolada al ver cómo va a tener que pagar más por un servicio hasta ahora gratuito y público), mientras un obispo dirige el cortejo, el lehendakari, Iñigo Urkullu, asiste como espectador a la defunción de este servicio público, sin hacer nada por evitarlo".
Ese mismo día y a la misma hora, se realizarán otras concentraciones frente a todas las sedes cabeza de partido, tras las desarrolladas en jornadas precedentes en las tres capitales vascas.
Los representantes sindicales han advertido de que, tras "la filtración" de una nota que el Decano del Colegio de Registradores ha remitido a sus asociados, "queda claro que no sólo no era cierto que el Gobierno del Partido Popular hubiera aparcado el proyecto de privatización del Registro Civil sino que, además, había estado negociando la forma de traspaso a éstos".
Los trabajadores han denunciado que el anteproyecto de "privatización" del Registro Civil supone que "quedaría en manos de los registradores de la propiedad y de los notarios", con una "supresión de un servicio público esencial para el conjunto de la ciudadanía".
A su entender, es "extremadamente grave que se quiera dejar bajo intereses privados los datos de todas y cada una de los ciudadanos de este país, desde que nacen hasta que mueren, con todas las variables que pudiera haber a lo largo de sus vidas (liquidaciones de sociedades conyugales, emancipaciones, reconocimientos de paternidad, filiación, adopción, tutelas, incapacidades)".
Asimismo, han recordado que la función de protección de todos estos datos ha estado "perfectamente ejercida" por los empleados públicos que prestan su servicio en los Registros Civiles, "al no tener más interés que el del bien común".
Los representantes de los trabajadores han resaltado, además, que esta situación se produce tras "haberse gastado 128 millones de euros en la informatización y digitalización de los vetustos libros registrales de nacimiento, defunción y matrimonio de hasta el más pequeño y remoto pueblo del estado español para conseguir, entre otras cosas, que la ciudadanía pudiera hacer las peticiones vía correo electrónico, o para que ellos mismos, desde sus casas y gracias al D.N.I. digital, pudieran sacar sus propios certificados, siempre de forma gratuita".
"Ahora se regala todo ese gasto público y se deja en manos de intereses privados: de las Notarías y de los Registradores de la Propiedad. Que empezarán a cobrar por éstos y otros trámites", han alertado.
JUSTICIA UNIVERSAL Y GRATUITA
Tras lamentar este "nuevo copago registral", han considerado que la privatización del registro sería "grotesco e inmoral" y han añadido que "esta reforma no va sola" porque se suma a "la Ley de Tasas, la de justicia gratuita, la privatización del servicio de notificaciones y los de ejecución, el alejamiento de la justicia de la ciudadanía con la supresión de los juzgados de paz y la mayoría de los partidos judiciales, la supresión del derecho a la justicia universal".
"¿En qué queda ese ideal de Justicia universal y gratuita?, ¿En qué queda ese derecho fundamental, reconocido, no lo olvidemos, en la propia Constitución, a la tutela judicial efectiva?", han preguntado.
Por otro lado, han asegurado que también se va a producir "una importantísima pérdida de empleo público", en un Estado con "seis millones de parados".
En este contexto, han realizado un llamamiento al conjunto de la sociedad para que "tome conciencia de este problema". "Éste no es un hecho aislado, sino que responde a una política de recortes de derechos sociales y laborales brutal, y de ataques sin precedentes a los servicios públicos y al incipiente estado del bienestar del que empezábamos a disfutar", han concluido.
