VITORIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha explicado que la decisión del Gobierno vasco de encargar un estudio sobre los atentados de ETA y otros grupos terroristas pendientes de resolver responde al objetivo de "garantizar los derechos de verdad, justicia y reparación" para las víctimas.
Urkullu ha respondido de esta forma, durante el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento vasco, a una pregunta de UPyD sobre las medidas que tiene previsto desarrollar para esclarecer las acciones terroristas de ETA cuya autoría aún no ha sido determinada por la Justicia.
El lehendakari ha asegurado que su gobierno está trabajando y seguirá haciéndolo de forma "discreta" para contribuir a aclarar lo ocurrido en el pasado, dado que "no se puede contribuir el futuro sin poner luz sobre la vulneración de derechos humanos" que se ha producido en los últimos decenios.
Por ese motivo, ha defendido la decisión de encargar la elaboración de un informe sobre los atentados de grupos terroristas como ETA, GAL o el Batallón Vasco Español que aún no han sido resueltos por los tribunales de justicia.
CIFRAS
Urkullu ha argumentado que es necesario cuantificar cuántas acciones terroristas aún no han sido esclarecidas. En este sentido, ha recordado que en el caso de ETA, la cifra que sobre atentados pendientes de resolver puede oscilar entre 150 ó 400, en función de cuál sea la fuente de la que procede este cálculo.
El presidente del Gobierno autonómico ha explicado que, a través de este estudio, se pretende conocer no sólo cuántos casos existen, sino cómo han sido tratados, los procesos que se han seguido para tratar de resolverlos y determinar cuál es su situación actual.
Urkullu ha reprochado al parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, que acuse al Gobierno autonómico de "inacción" respecto al esclarecimiento de los atentados no resueltos. "¿Cuando habla de inacción también se refiere a la Audiencia Nacional, a la Guardia Civil y al Gobierno central?", le ha preguntado.
Urkullu ha afirmado que a través del estudio encargado por el Ejecutivo autonómico se pretende "garantizar los derechos de verdad, justicia y reparación" para las víctimas.
