CÁCERES, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Diputación Provincial de Cáceres, a través del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI), ha convocado las ayudas en régimen de concesión directa y en especie para la redacción, aprobación e implantación del Plan de Emergencia Municipal (PEMU) en municipios de menos de 20.000 habitantes.
Con un presupuesto total de 98.400 euros, y para completar la concesión de subvenciones realizada en 2018 con similar objeto, la Diputación de Cáceres pretende conseguir que todos los municipios de la provincia cuenten con un Plan de Emergencias Municipal con vistas a "garantizar una mayor seguridad para la población y fomentar la prevención de incendios así como proporcionar a las entidades herramientas para la resolución de siniestros".
Así lo ha explicado la diputada de Personal, SEPEI y Parque Móvil, Isabel Ruiz Correyero, quien también ha destacado la "estrecha colaboración" que se mantiene con la Junta de Extremadura para poder dotar a todos los municipios de un Plan de Emergencias.
En ese sentido, hasta un total de 50 municipios podrán ser beneficiarios, previa solicitud, de estas ayudas en especie para actualizar sus Planes o para la redacción de estos, en caso de no contar con uno, y el plazo para la presentación de la solicitud será hasta el próximo 28 de agosto.
Así, aquellas entidades locales que no tramiten su solicitud en ese plazo, se entenderá que desisten de la subvención, según informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.
A partir de ahí, la Diputación de Cáceres contratará a diferentes empresas para la redacción de los Planes de Emergencia Municipal, que se entregarán posteriormente a los municipios beneficiarios en concepto de transferencias corrientes en especie.
Las cantidades que se invertirán en cada municipio varían de acuerdo a su población y serán "las suficientes para financiar la redacción del Plan, la aprobación y su implantación", de tal forma que para los municipios de hasta 1.000 habitantes se invertirán 1.500 euros; para los municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes, serán 2.400 euros, y para los mayores de 5.000 habitantes, 4.000 euros
Entre los compromisos a asumir por parte de las entidades locales beneficiarias está el de realizar las tres actividades de implantación de este plan se encuentra la formación del personal responsable adherido al plan, un programa de formación a la población sobre los riesgos que les pueden afectar y la realización de un simulacro.
