La organización pide por "tercera vez" la dimisión de Guillermo Crespo al considerar que "ha ocultado información" sobre dicho plan
MÉRIDA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de APAG-Extremadura Asaja, Bibiano Serrano, advirtió hoy al Gobierno regional de que convocará una "gran manifestación" del sector agroganadero de los nueve municipios afectados por el plan de uso y gestión de la ZEPA Llanos Complejo Lagunar de la Albuera (Badajoz), en caso de que dicho documento "no se retire" en el plazo de "una semana".
Si esto no ocurre de forma "inmediata" y si el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, José Luis Navarro, no accede a reunirse con los agricultores y ganaderos afectados, dijo, el sector protagonizará "actos de protesta, cortes de carreteras, concentraciones y encierros en los ayuntamientos", como ya lo hizo en 2007, en contra de la publicación de los planes de uso y gestión de otros espacios protegidos.
"Si con esto no tienen bastante, habrá una gran manifestación en Mérida, frente a las puertas de la consejería y de Presidencia, porque Vara también tiene que tomar cartas en este asunto", incidió Serrano, quien catalogó el plan de gestión de la ZEPA de la Albuera como una "auténtica declaración de guerra" contra el sector agroganadero que trabaja en el "corazón de Tierra de Barros".
En rueda de prensa, el presidente de la organización agraria aseguró que la aprobación de este plan, que entre otras cosas "prohíbe la circulación dentro de la ZEPA durante siete meses y medio al año", "limita el progreso de la zona y el avance hacia su modernización, convierte a agricultores y ganaderos en responsables directos de la supervivencia de las especies de la SEPA y hace una expropiación encubierta en el uso y en la propiedad de terrenos que son privados y de cuya actividad depende la economía de la zona".
DIMISIÓN DE CRESPO
Según afirmó Serrano, el plan de gestión de la ZEPA de la Albuera se redactó "sin el consenso de los afectados". De hecho, dijo, fue publicado de "un modo raro", porque "no" se remitió a los ayuntamientos de los municipios afectados, "sino que solo se publicó en el BOE" y posteriormente "se expuso en la Consejería de Industria, Energía y Medioambiente", pero "no" en su página web.
El plan de gestión de la ZEPA de la Albuera afecta a una superficie de 36.000 hectáreas que abarca parte de nueve términos municipales y, concretamente, 16.393 hectáreas de Badajoz, 1.112 de Cortes de Pelea, 984 hectáreas de Entrín Bajo, 1.791 de la Albuera, 1.667 de Nogales, 7.164 de Santa Marta, 881 de Torre de Miguel Sesmero, 1786 de Valverde de Leganés, y 4.569 hectáreas de Villalba de los Barros.
El "culpable" de este "atentado", dijo Serrano, es el director general del Medio Natural Guillermo Crespo, quien, a su parecer, "se ha convertido en un problema para los ganaderos, por su incompetencia absoluta, por ocultar información sobre estos planes, y por actuar como un ecologista trasnochado", añadió.
"Él es la peor catástrofe que le puede caer al campo extremeño, peor que cualquier inclemencia meteorológica o plaga", insistió Serrano, quien volvió a reclamar, "por tercera vez", la dimisión de Crespo. "Sus planes están provocando el rechazo generalizado de los afectados contra las especies protegidas, con las que convivimos perfectamente desde siempre", comentó.
"LÍMITES" PARA EL PROGRESO
Según detalló el presidente de APAG-Extremadura Asaja, el plan de uso y gestión de la ZEPA de la Albuera pone "límites" al progreso de la zona en la que, según el plan de uso y gestión de la ZEPA, "no se podrá circular en casi siete meses y medio del año".
Este plan, explicó, limita el acceso y tránsito de vehículos en época de reproducción y celo de las especies, entre el 1 de marzo y el 15 de julio, y en período de hibernadas, del 1 noviembre al 1 de febrero, con lo que los agricultores y ganaderos de los territorios incluidos en la ZEPA "solo tienen agosto, septiembre y octubre para andar un poquito por el campo".
Además, "no" se pueden realizar "ningún" tipo de obras durante los cuatro meses del período de reproducción, ni se pueden realizar tratamientos plaguicidas entre el 1 de mayo y el 15 de junio, concretó Serrano.
Asimismo, el plan "no" permite "arar alrededor de los olivos" durante los meses de mayo y junio, y "prohíbe el pastoreo" entre el 15 de marzo y el 15 de junio, con lo que los ganaderos se preguntan "quién pagará los costes de los piensos" con los que habrá que alimentar a los animales mientras no puedan salir al campo.
"No podemos cambiar los usos del suelo, con lo que ya se acabó el plantar viñas nuevas, ya se acabó el plantar olivares nuevos en 36.000 hectáreas" dijo Serrano, quien explicó también que el plan "prohíbe" la instalación de "cualquier" tipo de infraestructura hostelera, o la ubicación de plantas de generación eléctrica, incluso termosolares y eólicas.
Así las cosas, añadió, lo "único" que consigue el plan es "paralizar el progreso" de los nueve municipios afectados, y "pone a pelear a los agricultores con las especies protegidas de la ZEPA con las que hasta ahora habían convivido perfectamente".
