MÉRIDA, 30 May. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Mujeres Malvaluna entregó hoy en el Palacio de Justicia de Mérida más de medio centenar de autoinculpaciones en las que figura haber abortado.
La portavoz de la asociación Catalina Galán informó de que este acto de entrega de autoinculpaciones se enmarca en una campaña a nivel estatal por la despenalización del aborto organizada por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas que agrupa a 20 asociaciones de 11 comunidades autónomas.
La campaña pretende de esta manera ser un acto de solidaridad con mujeres y profesionales que han sido llamados a declarar como imputados de haber realizado interrupciones de embarazo.
Galán, en declaraciones a los medios de comunicación tras haber hecho entrega de las autoinculpaciones, consideró "restrictiva" la norma que regula la interrupción del embarazo en España e invitó al gobierno nacional a acometer una reforma de la actual despenalización parcial del aborto, vigente desde hace 23 años.
Entre las peticiones de las asociaciones de mujeres contenidas en esta campaña nacional se encuentra la exigencia de la despenalización del aborto ya que entienden que la interrupción voluntaria de un embarazo corresponde al derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad y, como tal derecho, "no puede estar regulado en el Código Penal".
Los colectivos de mujeres también exigen que el aborto deje de estar tipificado como delito en el Código Penal y se elabore una normativa sanitaria que garantice su ejercicio.
También exigen la "normalización" del aborto como prestación en la red sanitaria pública, lo que significa que, de "forma urgente", se deberían adoptar medidas que garanticen que, en todos los hospitales públicos de todas las comunidades, se atiendan las demandas de las mujeres.
Para ello, solicitan que se regule la objeción de conciencia y se inicie la "normalización" de la formación de profesionales sobre la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.
Finalmente, se exigen medidas que garanticen la educación sexual en el ámbito escolar y el acceso a la anticoncepción de urgencia, dentro de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, así como la gratuidad de los anticonceptivos.
Catalina Galán también criticó el "acoso" que están sufriendo desde hace algunos meses tanto las mujeres que han interrumpido voluntariamente su embarazo como los médicos que las ha atendido. Además, lamentó la situación por la que atraviesan algunas mujeres que, en los meses de enero y febrero, se autoinculparon de haber abortado y de hombres que declararon haber colaborado en estas acciones.
Así, recordó que en la campaña a nivel nacional se han recogido 15.000 autoinculpaciones, y aunque en algunos casos, los juzgados han archivado dichas autoinculpaciones, en otros, como es el caso de Valencia, Sevilla, Granada o Tarragona, están llamando a declarar a las mujeres como testigos e incluso como imputadas.
A este respecto, y de producirse esa imputación o llamada a declarar de los firmantes extremeños, la Asociación de Mujeres Malvaluna pondrá al servicio de los implicados el asesoramiento de su gabinete jurídico.
SITUACIÓN EN EXTREMADURA.
Catalina Galán indicó que las mujeres que han decido interrumpir voluntariamente su embarazo en Extremadura no pueden hacerlo en el Sistema Extremeño de Salud (SES) y se ven obligadas a desplazarse a otras comunidades o a llevarlo a cabo en algunas de las clínicas privadas que existen en la región. Según explicó, los médicos pertenecientes al SES se acogen a la cláusula de conciencia para no atender estos casos.
Por otro lado, informó de que el siguiente paso de la campaña estatal será la presentación del estudio 'Interrupción voluntaria del embarazo. El derecho de las mujeres a decidir'.
