MÉRIDA, 26 May. (EUROPA PRESS) -
El Área Pública de CCOO de Extremadura consideró que el decreto de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público es "impuesto e improvisado", así como que supone una "imposición unilateral" que "vulnera el derecho a la negociación colectiva".
Sobre las medidas que afectan a las empleadas y empleados públicos, resaltó que, que tras la "burla" que según dijo sufren los sindicatos, antes de su aprobación en el denominado proceso de información, en el ámbito específico del sector público, el Gobierno ha "tardado" cuatro días en publicar las medidas que "no fueron capaces o no nos quisieron concretar, vulnerando la función de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas".
Un decreto, por lo tanto, que supone para CCOO "la imposición unilateral de unas medidas que vulneran el derecho a la negociación colectiva, no sólo el recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público sino también el que se deriva del Estatuto de los Trabajadores, en lo que se refiere a los convenios colectivos suscritos y vigentes en comunidades autónomas, ayuntamientos y ámbitos como el del personal laboral de la Administración General del Estado".
Según dijo en nota de prensa, se "suspende parcialmente" el Acuerdo Gobierno-Sindicatos del 25 de septiembre que se alcanzó sobre unos parámetros económicos "similares" a los existentes, salvo en lo referido a la "presión" de los inversores y especuladores para rebajar el déficit público.
Cuatro días para seguir "confundiendo" con el ámbito del recorte y la futura congelación salarial para 2011, recordó el sindicato, que añadió que "si de una parte parecen excluir del recorte a las empresas públicas, no clarifican cuáles, y confunden las definiciones legales de la Ley General de Presupuestos Generales del Estado".
Finalmente, insistió en que se trata de un Real Decreto Ley "fruto de la imposición, la improvisación y la incompetencia para buscar otras formas de reducir el déficit", por ejemplo como lo van a hacer --dijo-- otros países como Portugal o Francia, "con incremento de impuestos a las rentas más altas y atacando el fraude fiscal y la economía sumergida".
