Tanto Carretero como Bernal anuncian que recurrirán la condena a cuatro de los acusados por una falta leve con una multa de 364 euros
BADAJOZ, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los secretarios generales en Extremadura de CCOO y UGT, Julián Carretero y Miguel Bernal, respectivamente, coincidieron en afirmar que la sentencia conocida ayer sobre la actuación de 5 sindicalistas durante la huelga general del 20-J, es un "revolcón" al intento del PP por "criminalizar" la acción sindical en la región.
Esta sentencia, emitida por el Tribunal Penal Número 1 de Mérida, absuelve de los delitos de injurias, coacciones y amenazas de los que fueron acusados por la empresa municipal de transportes emeritense, dependiente del ayuntamiento de la capital extremeña.
Los cinco sindicalistas, tres de CCOO y dos de UGT, entre los que se encontraban los secretarios generales de ambos sindicatos en 2002, fueron denunciados por los hechos ocurridos en la mañana de la jornada de huelga general de ese año en el Parque de la Empresa Municipal de Transportes de la Algodonera de Mérida.
Por este motivo Carretero manifestó que el sindicalismo de clase extremeño está "orgulloso" por que se ha puesto de manifiesto la "verdad" de la lucha sindical contra el denominado "decretazo" del Gobierno de Aznar, que recordó, ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional hace 15 días.
ACTUACIÓN DEL PIQUETE Y RECURSO
Según explicó Miguel Bernal, el juez instructor tan sólo condena a cuatro de los acusados por una falta leve con una multa de 364 euros, al entender éste que la actuación del piquete se "excedió" en su cometido.
El juez del caso estima que el piquete tan sólo debería haber mantenido una labor informativa, un matiz que los sindicatos no comparten y por el que presentarán un recurso contra esta parte de la sentencia.
Bernal señaló que la labor del piquete comprende además "velar" por que el derecho a la huelga se desarrolle con normalidad y plenitud.
Asimismo el responsable de UGT en Extremadura añadió que la sentencia demuestra que el interés del PP "por meter en la cárcel" a los sindicalistas, responde a una estrategia política desarrollada por dicho partido entre los años 2002-2005, con el entonces delegado del Gobierno a la Cabeza, Oscar Baselga.
INCOMPETENCIA DE ACEDO Por último Miguel Bernal acusó "incompetente" al actual alcalde de Mérida, Pedro Acedo, y su equipo de gobierno, por no plantear unos "servicios mínimos legales" durante la huelga y por su "desprecio" a los derechos fundamentales y laborales.
En este sentido Bernal añadió que ahora era el momento del cambio en el consistorio emeritense, dado que la ciudadanía tiene la oportunidad de "echarles" en las próximas elecciones para que así se pueda contar con un gobierno local "más preparado".
Asimismo dijo que el consistorio de Mérida había contado con el "silencio cómplice" del presidente regional del PP, Carlos Floriano, y exigió explicaciones sobre por qué se había contratado un servicio jurídico, propiedad del hermano del alcalde de Mérida, para llevar a cabo el proceso.
RESPUESTA DE FLORIANO
Por su parte Carlos Floriano señaló, en respuesta a estas acusaciones y en el transcurso de una rueda de prensa sobre el desarrollo en Badajoz del III Foro de Presidentes Regionales de NNGG, que la "justicia les ha condenado por una falta".
Floriano añadió que la multa impuesta es similar a la que se impuso a los que protestaban contra la refinería, y que su partido no tenía entre sus listas electorales "condenados ni tránsfugas", tal y como hace el PSOE demostrando así, según Floriano, "sus nuevos tiempos".
