El CGPJ no ve motivos para proceder contra los jueces que hicieron coincidir sus juntas con el paro de secretarios
MADRID/MÉRIDA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ofreció hoy unos porcentajes de seguimiento de la huelga de funcionarios en las diferentes comunidades que revisa, a la baja, los datos aportados ayer por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales. En el caso de Extremadura, el CGPJ cifra el seguimiento en un 70 por ciento.
Bravo ofreció unos porcentajes de seguimiento de la huelga de funcionarios en las diferentes comunidades que revisa, a la baja, los datos aportados ayer por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, que cifró en más de un 90 por ciento el seguimiento medio de la protesta en toda España.
En otros territorios los datos serían los siguientes: Audiencia Nacional (78 por ciento); Aragón (92 por ciento); Asturias (78 por ciento); Baleares (90 por ciento); -Canarias (74 por ciento); Castilla y León (86 por ciento); Castilla-La Mancha (76 por ciento); Cataluña (64 por ciento); Extremadura (70 por ciento); Galicia (85 por ciento); La Rioja (96 por ciento); Madrid (90 por ciento); Murcia (72 por ciento); Navarra (90 por ciento); País Vasco (80 por ciento); y Valencia (73 por ciento).
INVESTIGACIONES
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, afirmó hoy que la coincidencia horaria del paro seguido ayer por los secretarios judiciales con la celebración de juntas de jueces en los órganos de toda España (considerada por el Ministerio de Justicia como una huelga encubierta) "no es motivo suficiente" para abrir investigaciones al respecto.
"Toleraremos todas las actuaciones que se enmarquen en los cauces legales", dijo Bravo, que explicó que las juntas están previstas y reglamentadas como el instrumento del que se valen los jueces para manifestar y debatir sus "problemas jurisdiccionales".
En una rueda de prensa convocada para valorar la jornada de paros vivida ayer en la práctica totalidad de los órganos judiciales, Bravo señaló que la mayor parte de los actos que tuvieron que suspenderse lo fueron entre las diez y la una de la tarde, cuando se produjo el paro de secretarios y se celebraron el mayor número de juntas.
"La mayor parte de los juicios que se suspendieron fue por el paro de tres horas de los secretarios, aunque alguno pudo deberse a las juntas de jueces", concretó la portavoz del Consejo, que no facilitó un número total de actos judiciales suspendidos. Aunque la simple coincidencia horaria no es razón para aperturar investigaciones disciplinarias, el Consejo podría valorar casos concretos en los que pueda identificarse un perjuicio al servicio causado por las juntas, reconoció.
Además, Bravo añadió que en lo que parecieron coincidir todas las juntas, según las actas de las mismas llegadas al CGPJ desde la tarde de ayer, es en la preocupación existente por la falta de medios humanos y materiales en la Administración de Justicia, una reivindicación antigua, "que no aparece en el Siglo XXI".
Las quejas por las injerencias del Gobierno en el asunto del expediente disciplinario al juez Rafael Tirado -por su tardanza en ejecutar una sentencia contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés-, "fueron mínimas, no la constante", concretó la portavoz.
Sobre el derecho o no de los jueces a hacer huelga, dijo que "en principio" esta posibilidad no está prevista para jueces y fiscales, ya que no se reconoce en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aunque la Constitución la incluya entre los derechos de todos los ciudadanos.
AVERTENCIA AL SUPREMO.
Por otra parte, la portavoz del órgano de gobierno de los jueces reclamó tanto de responsables políticos como de los órganos judiciales en general "respeto institucional" y que se les de "un mínimo plazo" para poder trabajar en el asunto del expediente disciplinario a Tirado. "Que nos dejen tiempo y que luego valoren", afirmó.
"No nos sentimos presionados", insistió Bravo, en referencia a las valoraciones realizadas sobre el 'caso Tirado' tanto desde ámbitos políticos como corporativos. "Pero no hay necesidad de que nos recuerden que debemos estar a la altura y proceder en cumplimiento de la legalidad, ni tampoco que se tengan que tener en cuenta determinadas circunstancias a la hora de tomar una decisión", añadió la portavoz.
Aunque no lo citó, Bravo se estaba refiriendo de forma clara al manifiesto suscrito por 46 magistrados del Supremo en el que se señala que, para la resolución del expediente disciplinario seguido contra el juez Tirado "son datos necesariamente valorables la real situación de personal, medios y carga de trabajo" del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla.
Dicho manifiesto concluye mostrando su esperanza en que el CGPJ "sepa estará a la altura de su papel institucional y de los valores constitucionales del derecho y de la jurisdicción, únicos que legítimamente pueden orientar su criterio".
Por ahora, y para hacer frente a la situación, el Consejo se reunirá el próximo lunes con jueces decanos para emprender ya la resolución de los problemas que afectan a la Administración de Justicia, una labor en la que, según Bravo, los vocales del CGPJ van a poner "todo su empeño", y cuya resolución no corresponde sólo al Gobierno, sino también a las comunidades autónomas con competencias en este ámbito.
