MÉRIDA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exigirá a la Junta de Extremadura, en la Mesa General de Negociación, que incluya la subida salarial del 2 por ciento a los empleados públicos en la nómina de junio para desconvocar así las movilizaciones.
En este sentido, CSIF confía en que la Junta confirmará en dicha reunión de la Mesa, que se celebrará este jueves en Mérida, que va a incluir el incremento salarial del 2 por ciento en la nómina de este mes de junio a los 48.000 empleados públicos de su ámbito.
El sindicato acude a la cita con "voluntad de diálogo", pero el acuerdo pasa por la actualización de las retribuciones de los trabajadores públicos en este mes de junio para "no forzar" a continuar con los actos de protesta que tiene previsto iniciar de forma inmediata porque "no es asumible un recorte de derechos de los empleados públicos".
La situación le preocupa especialmente a CSIF después de confirmar que Extremadura es la única comunidad, junto con la Comunidad Valenciana, en la que aún no se ha hecho efectivo este incremento del 2 por ciento además de en algunos ayuntamientos extremeños que tampoco han abonado este concepto.
"Un incremento que debe hacerse con efecto retroactivo al 1 de enero y que no puede volver a retrasarse en un momento en el que los empleados públicos y el personal sanitario en particular han tenido que trabajar con medios insuficientes y con una gran carga de trabajo a causa del Covid-19. Es inaceptable que el premio de la Administración a su esfuerzo sea nuevos recortes y un deterioro en sus condiciones económicas y laborales", ha criticado.
Así, CSIF ha considerado en nota de prensa que los acuerdos se firman para cumplirse y éste en particular se pactó en el marco de la Mesa General de Negociación del pasado 4 de marzo, celebrada en Mérida, para dar cumplimiento al decreto ley que aprobó el Consejo de Ministros del Gobierno Central el 21 de enero en el que se acordaba esta medida.
"Ahora más que nunca hay que recordar que el conjunto de empleados/as públicos arrastra el recorte salarial de entre el 5 y el 10 por ciento que se ejecutó en 2010 por el entonces Gobierno socialista y sigue sufriendo los efectos de una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento", ha insistido.
