BADAJOZ, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Diputación de Badajoz remitió hoy a los sindicatos de la mesa sectorial de bomberos una "última propuesta" de acuerdo, en la cual se reduce la mitad la estimación de los costes originados por la huelga "ilegal" de este verano, a efectos de su repercusión a la baja en el aumento salarial que se negocie.
Es decir, la disminución al 50% de los costes de la huelga significa que también queda reducida a la mitad la deducción correspondiente que la diputación piensa aplicar al incremento salarial resultante, en su caso, del acuerdo con los sindicatos.
Además, la Diputación de Badajoz se compromete a que las dotaciones mínimas de bomberos en cada parque que serían incrementadas en los casos previstos en la propuesta de acuerdo remitida a las organizaciones sindicales.
En comunicado de prensa, el organismo provincial explica que en este momento no se ha producido todavía una respuesta de las formaciones sindicales, si bien algunas "han manifestado su intención de someter el conocimiento de citada propuesta al colectivo reunido en asamblea, asumiendo el pronunciamiento de ésta". Cabe apuntar que tal asamblea se celebrará mañana en la ciudad de Badajoz.
REFORMA ORGANIZATIVA
Mientras llega una respuesta sindical que espera "satisfactoria", la diputación explica que prosigue la preparación de la reforma organizativa de los servicios del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (CPEI), que determinará mañana la aprobación de un nuevo Reglamento de Régimen Interior.
Al respecto, la diputación explica que su deseo es un acuerdo global con los sindicatos para la citada reforma y aprobación del regalmento, al margen de que la negociación pudiera proseguir en otros aspectos pendientes.
En concreto, explica que es su intención "continuar el proceso de diálogo y negociación sobre los demás puntos pendientes, horario y retribuciones, que estima no debe verse sustancialmente afectado por la aprobación de un reglamento cuyo contenido ha sido objeto de un mayoritario consenso durante toda la negociación".
"Una oferta de diálogo --advierte-- que se quebraría ante cualquier medida de presión, así como se desvincularía del resto de compromisos alcanzados durante este proceso". Así, asegura que sería "a partir de ese momento cuando la administración provincial se considerará desvinculada de cualquier principio de acuerdo o compromiso que se hubiera podido alcanzar durante el proceso de negociación y acometerá, sin menoscabo de los procedimientos que nuestro ordenamiento jurídico articula, cuantas medidas considere convenientes al interés público provincial ejercitando las facultades y competencias que ese mismo ordenamiento jurídico le asigna".
