MÉRIDA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) anunció hoy que su equipo jurídico estudia denunciar la recalificación de terrenos para la instalación de la refinería extremeña.
En una nota de prensa, el colectivo afirmó que el acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de aprobar la declaración de Interés Regional para el proyecto de refinería de petróleo "evidencia una vez más que el gobierno regional desprecia la participación de los ciudadanos y el respeto de la normativa que debiera ser cumplida por todos".
Según indicó, el mecanismo, ya empleado en otras ocasiones, de declarar "de interés regional" un proyecto "tan controvertido" como el de la refinería, a su juicio, "es usado por la Junta para sortear los trámites legales que se necesitarían para recalificar terrenos, de espaldas a la sociedad y en beneficio de una empresa privada".
Al "evitar" dichos trámites, que son "de obligado cumplimiento para cualquier iniciativa empresarial", Adenex afirmó que "se evitan también los procedimientos de concurso y concurrencia abierta, permitiendo que un determinado proyecto salga beneficiado, pervirtiendo el sistema legal vigente".
De esta manera, apuntó que se "confunden" los intereses "privados y los públicos", evitando que concurran "mejores proyectos", en este caso industriales, indicó.
Para Adenex, los Proyectos de Interés Regional (PIR) "no garantizan la pluralidad de ofertas económicas, no permiten por tanto elegir las mas adecuadas, invirtiendo capital público en beneficio de un solo proyecto sin que medien procedimientos democráticos y transparentes".
Así, el colectivo ecologista recordó que él mismo, junto con otras asociaciones y colegios profesionales ya ha criticado en ocasiones anteriores la utilización "fraudulenta" de estas declaraciones de PIR.
En este caso, ante la aprobación inicial del proyecto de la refinería Balboa, anunció que su equipo jurídico "está trabajando para denunciar estos procedimientos irregulares, que no acreditan su necesidad, no permiten una participación efectiva como así lo declara el convenio de Aarhus, y derivan en consecuencias y efectos no deseados tanto en el territorio, como en la salud de las personas".
