En toda España, la demanda de vivienda protegida insatisfecha afectaría a 760.000 personas, según la FEMP
SANTANDER/MÉRIDA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -
Extremadura demanda 10.512 viviendas de carácter social, mientras que hay disponibilidad de suelo para un total de 7.850, según consta en el informe sobre 'Demanda de vivienda social en España y suelo disponible para la promoción de nuevas viviendas sociales'.
En este estudio, elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y recogido por Europa Press, fija en 760.000 la estimación de demanda de vivienda social para los próximos cuatro años en toda España.
Según esta estimación, la demanda efectiva en toda España podría rondar las 190.000 viviendas sociales al año, con una presión relativamente más intensa en los grandes núcleos urbanos que han vivido un rápido proceso de expansión durante estos últimos años y han visto crecer hasta valores muy altos los precios de la vivienda libre.
Sobre estos datos generales, el texto llama la atención sobre la posibilidad de que un porcentaje de entre un 25 y un 35% de la población podría ver satisfecha su necesidad con el parque de viviendas vacías existentes, y fomentando la vivienda en alquiler.
Al observar los datos por Comunidades Autónomas, Cataluña es la que presenta una demanda más elevada -200.000 viviendas-, que procede principalmente de Barcelona capital, su área metropolitana y su provincia; le siguen la Comunidad Valenciana, con 123.000; Andalucía, con algo más de 116.000, y la Comunidad de Madrid, donde la demanda supera las 114.000 viviendas.
Cantabria, con una demanda de 14.882 viviendas, es la séptima comunidad en la que menos demanda hay, lo que la sitúa en la línea de comunidades como Aragón, con 17.500, Extremadura (10.512) o Canarias (9.729).
Con más demanda que este grupo aparecen Navarra (20.400), Castilla y León (21.516), Castilla La Mancha (23.922), Galicia (23.500) y, ya a mayor distancia, el País Vasco, con 43.153 viviendas demandadas.
SUELO DISPONIBLE
El informe detalla que el patrimonio de suelo disponible en las empresas públicas municipales y regionales, así como en Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas -sin considerar el patrimonio correspondiente a la Administración General del Estado- permitiría la edificación de, aproximadamente, 225.000 viviendas de protección pública durante los próximos cuatro años; de este total, los ayuntamientos y agentes municipales disponen de suelo para 150.000 viviendas protegidas y las Comunidades Autónomas para otras 75.000.
El estudio subraya que esta cifra corresponde exclusivamente a "suelo realizable", es decir, los terrenos que, dada su situación o grado de desarrollo, podrían ser susceptibles de acoger la edificación de viviendas de protección pública durante los próximos cuatro años.
En el repaso por territorios, la Comunidad Autónoma con más suelo disponible para la edificación de viviendas de protección pública es Andalucía, con una cifra superior a 37.000; le siguen Madrid (34.680), el País Vasco (32.050) Cataluña (más de 25.000) y Asturias, con alrededor de 23.500.
Cantabria figura como la novena autonomía con más disponibilidad de suelo, por debajo de Castilla y León (con disponibilidad para 14.415 viviendas protegidas), Valencia (11.125) y Navarra (9.450).
Con menos disponibilidad de suelo que Cantabria aparecen Extremadura (7.850), Galicia (5.117). Aragón (4.700), Castilla La Mancha (4.020), Canarias (3.600), Murcia (1.170) y, en último lugar, Islas Baleares, con disponibilidad de suelo para 380 viviendas protegidas.
DEMANDA INSATISFECHA
El estudio de la FEMP concluye que tanto los factores económicos, que han frenado la producción y venta de vivienda libre, como los factores demográficos, que apuntan hacia una reducción en el ritmo de creación de hogares, llevarán en los próximos dos años a una "atonía" en el mercado inmobiliario de vivienda libre.
Así, señala que la demanda de vivienda protegida nueva se verá claramente insatisfecha, debido al bajo ritmo de iniciación de este tipo de viviendas desde mediados de 2007, ya que las iniciadas en 2009 no se adjudicarán hasta 2011, las iniciadas después del verano de 2007 se ofertarán en 2009, las iniciadas en 2008 en 2010.
Si se cumple el objetivo de promoción de 150.000 nuevas viviendas protegidas al año, y en el caso de que se alcanzara el ambicioso objetivo de satisfacer un 29% de la demanda a través de medidas sobre el parque de vivienda construido, la demanda insatisfecha al final del periodo sería de aproximadamente 160.000 persona, frente a las 760.000 actuales.
