Los empresarios de la construcción consideran que la paralización del PGM de Cáceres perjudica al sector y provocará pérdida de empleos
CÁCERES, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Empresarios de la Construcción de Cáceres (Fecons), mostró hoy su "preocupación" y "enojo" por la política de vivienda y urbanismo que lleva a cabo la Junta de Extremadura y más concretamente por la suspensión de la tramitación autonómica del Plan General Municipal de Cáceres (PGM) acordado esta mañana por la Comisión Regional de Urbanismo y el anuncio realizado por la Consejería de Fomento de incrementar del 25 al 50 por ciento la edificabilidad para viviendas protegidas en los nuevos suelos que se clasifiquen como urbanizables.
En una rueda de prensa celebrada esta tarde en la sede de la organización en la capital cacereña, la presidenta de Fecons, Pilar Acosta, pidió "cordura y sentido común" a los responsables políticos y recordó que en el caso de la devolución del PGM al ayuntamiento cacereño para que corrija 107 puntos concretos, "la ciudad se juega mucho", ya que "habrá pérdidas de inversiones al haberse cambiado las directrices marcadas".
Según Acosta, esta situación ha provocado en los constructores una "inseguridad jurídica" ya que "se han cambiado las reglas del juego" y ahora se pretende modificar "las líneas trazadas sobre el plano", dice la responsable de Fecons, quien asegura que muchos empresarios de la construcción que habían realizado sus inversiones en compra de suelo porque se haría urbanizable, "se pueden encontrar ahora con que han adquirido suelo rústico", aseguró.
Para los empresarios el hecho de que se retrase la aprobación definitiva del PGM de Cáceres supondrá la pérdida del 50 por ciento del empleo de la construcción en la ciudad, ya que la puesta en marcha de las nuevas urbanizaciones que estaban previstas no se realizará en los plazos estipulados.
PREVISIONES SOBREDIMENSIONADAS.
Acosta reconoció en su intervención que la previsión de crecimiento de población prevista en el PGM por el anterior equipo de gobierno local "estaba sobredimensionada", pero justificó esta circunstancia por el hecho de que había que compensar a los propietarios de los terrenos de las dos grandes zonas verdes que se preveían como La Sierrilla o La Montaña.
"Ahora si se cae el sistema general de la Montaña, las inversiones no habrán servido para nada", recalcó la responsable empresarial que se lamentó de que Cáceres no haya tenido "la misma suerte" que Badajoz que ha visto como la Junta aprobaba su plan de urbanismo sin problemas.
En la misma línea se mostró el presidente de la Asociación Provincial de Promotores, Juan Antonio Salgado, y el vicepresidente primero de Fecons, Carlos Izquierdo, quienes incidieron en el peligro de los puestos de trabajo del sector, "no sólo de los directos, si no de los indirectos".
POLÍTICA INTERVENCIONISTA.
Los responsables de Fecons no sólo mostraron su "repulsa" a la devolución del PGM cacereño al ayuntamiento, si no que evidenciaron su "sorpresa y enojo" por algunos anuncios realizados desde la Junta en relación a la política de vivienda que se pretende diseñar los próximos años y concretamente con la noticia de que en la nueva Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura (Lesotex) se recogerá la obligación de reservar el 50 por ciento del suelo edificable a vivienda protegida, mientras que en el ámbito estatal este porcentaje se sitúa en el 30 por ciento.
Se da la circunstancia de que el retraso en la aprobación definitiva del PGM de Cáceres hará que tenga que supeditarse a la Lesotex que se espera esté preparada en el verano, mientras que por ejemplo, el PGM de Badajoz, que ha sido aprobado con anterioridad, ya no tiene que someterse a la reserva del 50 por ciento del suelo para vivienda protegida, por lo que consideran "muy importantes" los plazos con los que se juega a la hora de sacar adelante el PGM cacereño.
Pilar Acosta considera que "ante la situación de ajuste de oferta y demanda" que atraviesa el sector, este hecho supondrá un varapalo más para "el momento delicado y sensible" que vive la construcción en la región y criticó además que la Junta esté pensando en crear una empresa pública que actuará como agente urbanizable y promotora de suelo.
"Es lamentable ver que la Junta vaya a crear una empresa pública para intervenir en el urbanismo de nuestras ciudades", subrayó Acosta quien dijo que todas estas decisiones se están tomando "a espaldas" del sector que reclama un interlocutor regional para tratar todos estos temas que afectarán a uno de los motores de la economía regional.
