MÉRIDA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) impulsará un "exhaustivo estudio" para conocer la situación de la fiscalidad de los consistorios extremeños en tasas municipales como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y las licencias de apertura.
Finalizado el estudio, se elaborarán una serie de recomendaciones sobre "posibles incentivos" en dichas tasas, que los consistorios podrán ofrecer si lo consideran conveniente para estimular el impulso de la actividad industrial en los municipios, siempre que se trate de proyectos empresariales calificados de interés autonómico.
Así lo han acordado el presidente de la Fempex, Francisco Buenavista, y la directora general de Empresa y Competitividad de la Junta de Extremadura, Ana Vega, tras la reunión que han mantenido recientemente en la sede de la Federación.
Esta colaboración se enmarca en el proceso de Actualización de la Estrategia de Industrialización de Extremadura 2014/2020, que lleva a cabo la Consejería de Economía e Infraestructuras, según ha informado la Fempex en nota de prensa.
Según Francisco Buenavista, la tarea de la Fempex se centrará inicialmente en hacer un estudio de la situación de impuestos y tasas municipales y después elaborar una serie de recomendaciones que cada consistorio aplicará o no según su criterio y que irán en la línea de promover y fomentar la implantación en los municipios extremeños de empresas "alineadas a las nuevas oportunidades de especialización y de generación de empleo y riqueza que suponen áreas como la economía verde y circular".
El objetivo de todas las partes implicadas en esta Estrategia, ha señalado Buenavista, es "impulsar el desarrollo empresarial de la región y en ello todos los municipios desde los más grandes hasta los más pequeños tienen mucho que aportar".
Cabe recordar que la Estrategia de Industrialización de Extremadura 2014/ 2020 se concertó en octubre de 2014 entre los agentes sociales y económicos más representativos de la región y la Junta de Extremadura y, posteriormente, fue refrendada por los grupos políticos representados en la Asamblea.
Además, en octubre de 2015, la Declaración para la Concertación Social en Extremadura incluía el compromiso de proceder a su actualización para potenciar sus objetivos adecuándolos a la realidad económica de la región.
Posteriormente, diversos pronunciamientos y resoluciones de la Asamblea de Extremadura han abogado por la actualización de la misma, un aspecto en el que se trabaja.
