El Gobierno extremeño liquidó 79 millones de euros en 2013 por "irregularidades" tributarias de los contribuyentes

Blanca Irene Montero
EUROPA PRESS
Actualizado: viernes, 13 junio 2014 12:33

PP, PSOE e IU consideran "importante" la concienciación de la sociedad en materia de fraude fiscal

MÉRIDA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Financiación Autonómica, Blanca Irene Montero, ha informado este viernes de que la Administración regional liquidó 79 millones de euros en 2013 en concepto de "irregularidades" tributarias de los contribuyentes extremeños.

En este sentido, ha indicado que el fraude fiscal en Extremadura se pone de manifiesto "principalmente" con relación a dos "grandes" impuestos, como son el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por un lado, y el Sucesiones y Donaciones, por otro.

Para combatir las "conductas irregulares", ha señalado, la Administración Tributaria Autonómica ha intensificado las tareas de comprobación, verificación e investigación, que han permitido "regularizar" las situaciones "fraudulentas" y, en su caso, sancionarlas, según ha destacado durante su comparecencia, a petición del PP, en la Comisión No Permanente de Estudio sobre el Fraude Fiscal del Parlamento extremeño en Mérida.

De esta forma, ha informado de que las actuaciones de comprobación realizadas por la Administración Tributaria regional dirigidas a verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, con datos cerrados del ejercicio 2013, se han materializado en más de 23.500 liquidaciones en actuaciones de gestión masiva, por un importe de 79 millones de euros, y en 888 actas de inspección por valor de 7,2 millones de euros.

Igualmente, ha indicado que en 2013 se han potenciado las actuaciones de recaudación ejecutiva que suman más de cinco millones de euros, y se han incoado 2.045 expedientes sancionadores por importe de 1,9 millones de euros.

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

En su intervención, Blanca Irene Montero se ha centrado en cuáles son las conductas en las que "habitualmente" se llevan a cabo actuaciones constitutivas de "fraude" o de "irregularidades" en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Al respecto, han dicho que las conductas van desde la propia omisión de la declaración de impuesto, hasta "irregularidades" consistentes en aplicar "indebidamente" beneficios fiscales porque "no se tiene derecho a ellos", o en omitir bienes y derechos en la declaración de los bienes de titularidad del causante.

Según la directora general, en Extremadura ha sido una "costumbre habitual, sobre todo en el ámbito rural, el no presentar la declaración a efectos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones hasta que los herederos no tenían la necesidad de transmitir uno de los bienes integrantes de la masa hereditaria" y, por tanto, necesitaban tenerlo inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad, que exigía previamente la declaración del tributo dentro del plazo establecido.

A la vista de la situación, la directora general ha apuntado que se está combatiendo está "práctica tan asentada de no declarar el Impuesto de Sucesiones". Y ha añadido que en esta labor de control sistemático extensivo del Impuesto de Sucesiones participan las 26 oficinas gestoras y liquidadoras de la Administración Tributaria regional y también el Servicio de Inspección Fiscal de la Dirección General de Financiación Autonómica.

En este sentido, ha informado de que hasta el momento se han llevado a cabo actuaciones de regularización extensiva en relación con los herederos de aquellos causantes fallecidos en el último trimestre de 2007, a lo largo de todo el año de 2008, 2009 y 2010.

Según los datos con los que cuenta la Administración autonómica, los fallecidos cuyos herederos no habían presentado "voluntariamente" la declaración por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones ascienden en el año 2007 (último trimestre) y 2008 a 5.887, a 5.642 en 2009, y a 5.321 en 2010.

"GRANDES BOLSAS DE FRAUDE"

Por otro lado, Blanca Irene Montero ha manifestado que las "grandes bolsas de fraude fiscal" están relacionadas "básicamente" con los tributos estatales, entre los que ha mencionado el IVA, el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades, en los que Extremadura, ha precisado, no tiene competencias de comprobación e investigación.

Asimismo, ha indicado que hay distintas conductas constitutivas de fraude, pero ha precisado que "en todas existe un denominador común", y es que "coincide" que por parte de la Administración Tributaria "se acaba recaudando menos".

En este sentido, ha recordado que el fraude en España alcanza el 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), y se llega a cuantificar en unos 60.000 millones de euros.

La directora general ha aprovechado la oportunidad para señalar que en el barómetro de mayo de 2014 "ya parece que la población va tomando conciencia de este problema", porque el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en su estudio publica que el 35 por ciento de los españoles considera que la corrupción y el fraude son el segundo mayor problema del país, por detrás tan sólo del paro.

No obstante, ha considerado que para combatir el fraude también es "muy importante" una labor concienciación de la sociedad, donde a su juicio es "necesario" que los contribuyentes sean conscientes de que la "falta" de ingresos que se produce por alguno de ellos tiene que suplirse por otros que son los que declaran, y que la "falta" de ingresos de impuestos, tasas o contribuciones "especiales" se tiene que traducir "indefectiblemente" en una reducción del gasto público.

Igualmente, ha estimado que la administración en este sentido debe tender no solo a corregir o combatir las situaciones de fraude, sino que ha dicho que es "muy importante favorecer el cumplimiento voluntario de los contribuyentes".

Al respecto, ha asegurado que la Administración extremeña "se está empleando a fondo para procurar disminuir la carga tributaria" con el fin de que para los contribuyentes "cada vez sea más sencillo declarar", y para que los ciudadanos conciban la administración tributaria también como prestadora de servicios.

INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS

A continuación, ha tomado la palabra el diputado del Grupo de IU en el Parlamento regional Víctor Casco, quien ha aseverado que "uno de los problemas de este país es que el fraude fiscal "está bien visto" y, por eso, se ha mostrado partidario de "inculcar entre la ciudadanía un interés por pagar sus impuestos".

De esta forma, ha considerado que los diputados, las administraciones, los representantes en cualquier instancia de los ciudadanos tienen que "empezar a dar ejemplo y ser los primeros en cumplir escrupulosamente" con las obligaciones fiscales.

Igualmente, el diputado del Grupo Socialista en la cámara autonómica Jorge Amado ha considerado que la concienciación fiscal es "uno de los grandes problemas" que hay en la comunidad autónoma y en España, y que "sin duda hay que afrontarlo de alguna manera".

En este sentido, el socialista ha abogado por hacer campañas de concienciación contra el fraude desde el Gobierno de Extremadura, y la creación de un ley extremeña contra el fraude fiscal.

Por último, ha intervenido en la comisión la diputada del Grupo Popular en la cámara regional Beatriz Villalba, que también ha considerado que la concienciación es "importante".

Finalmente, la 'popular' ha calificado de "positiva" la medida planteada por la directora general sobre las tareas de asistencia al contribuyente para favorecer el cumplimiento, porque en su opinión, es una medida de "estímulo" y "no de castigo".