MÉRIDA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente aclaró hoy que el proyecto de instalación de una planta de residuos en la mancomunidad de Vegas Altas está aún "inmerso" en el proceso administrativo previo a la resolución definitiva y su instalación dependerá, como sucede en "todos los casos", del informe que emitan los técnicos, y no de "presiones sin ningún sentido".
En nota de prensa, explica la consejería que la administración está obligada a cumplir, con "todas las garantías", la normativa de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y de Autorización Ambiental Integrada.
El proyecto de la planta de residuos de Campo Lugar, dice, se encuentra en audiencia pública, fase en la que los interesados o personas afectadas pueden presentar las alegaciones que estimen oportunas. "Y sólo una vez concluido este período, y analizadas todas las alegaciones, los técnicos emitirán una propuesta de resolución", apostilla.
La consejería respondió en el comunicado a las acusaciones vertidas hoy por representantes de la organización profesional agraria UPA-UCE Extremadura, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (ADENEX), la Sociedad Española de Ornitología en Extremadura (SEO) y la Plataforma Ciudadana Vegas Altas, quienes alertaron sobre "varias irregularidades" registradas en el informe medioambiental elaborado por la empresa promotora de la planta de residuos y sobre los posibles efectos de su instalación sobre la agricultura, la ganadería, la fauna, la flora y los habitantes de la zona.
Por tanto, la consejería sostiene que las declaraciones de estas organizaciones y asociaciones, además de "precipitadas", suponen de antemano unos resultados sin que esos trabajos previos hayan finalizado y subraya que sería una "ilegalidad", además de una "irresponsabilidad" de la administración, el "rechazar o aceptar la instalación de una empresa sin evaluar antes los proyectos".
Asimismo, la consejería califica de "lamentable" que estas asociaciones y organizaciones, "conocedoras del funcionamiento de la administración", "intenten crear una alarma innecesaria" en la sociedad con unas declaraciones en las que "se pone en duda la labor y el trabajo de los funcionarios", al presuponer que los posibles residuos serían "enterrados sin pasar por ninguna evaluación o proceso de reciclaje", cuando la normativa exige un tratamiento previo para eliminar cualquier posible toxicidad de los mismos.
