MÉRIDA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
Más de 1.500 extremeños en riesgo de exclusión social podrían beneficiarse de dos programas para la creación de empleo en la región y cuyas bases reguladoras ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno.
Así, la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha explicado que el programa de formación en alternancia con el empleo Crisol-Formación podría llegar a 737 personas, mientras que el Programa Colaborativo Rural para Personas en Riesgo de Exclusión atendería a 790 personas.
En concreto, el Programa de Crecimiento e Inserción Sociolaboral (Crisol) promovido por la Junta de Extremadura, a través de las Consejerías de Sanidad y Política Social y Educación y Empleo y dotado con más de 12 millones de euros, será ejecutado, a través de programas específicos de intervención, por las entidades públicas locales de las ciudades de Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Almendralejo y Villanueva de la Serena.
Los programas específicos de intervención se centrarán en la detección de personas en situación de riesgo y/o exclusión social en las zonas señaladas, el diseño y desarrollo de itinerarios integrados y personalizados de inserción social y laboral, así como el acompañamiento y seguimiento de cada uno de ellos durante todo el desarrollo del programa, que se ejecuta a través de las entidades locales mediante subvenciones directas.
Dentro de los itinerarios integrados y personalizados, se derivará a personas participantes para el desarrollo de proyectos de formación en alternancia con el empleo en dos etapas, una primera con una duración de seis meses, que combina la formación con el trabajo efectivo con contratos en la modalidad de formación y aprendizaje, y una segunda de prácticas no laborales en empresas con una duración de tres meses.
Este programa pretende cualificar o recualificar a las personas en situación o riesgo de exclusión social de las zonas urbanas desfavorecidas, ofreciéndoles una oportunidad para adquirir nuevas habilidades y competencias que les permitan recuperar "hábitos laborales y destrezas profesionales", su "concienciación" para la mejora de su zona y la motivación para "transformar su situación sociolaboral".
Las subvenciones reguladas en este decreto tienen como objetivo la financiación de los proyectos acogidos al programa de Crisol-Formación, que se estructuran en las siguientes modalidades según sus beneficiarios: subvención a entidades promotoras de los proyectos y subvenciones a las empresas colaboradoras por la realización de la etapa de prácticas no laborales.
En esta línea, como ha expuesto Gil Rosiña, dicho programa recupera la filosofía del extinto Programa Barrios de la primera legislatura presidida por Guillermo Fernández Vara.
Por su parte, en cuanto al Programa Colaborativo Rural para Personas en Riesgo de Exclusión Social se establece la atención a los extremeños que viven en poblaciones de menos de 5.000 habitantes y tiene una dotación de más de 6 millones de euros.
Con este programa se mejorarán las condiciones de inserción a través de la participación en itinerarios integrados y personalizados de inserción social y laboral que incluyen un proceso formativo que alterna la formación y experiencia profesional adaptada y la adquisición de competencias básicas y genéricas, fomentando con ello la creatividad, el emprendimiento y la innovación social.
Igualmente, dicho programa tiene como objetivos establecer refuerzos de las medidas para territorios menos poblados, atendiendo tanto a la situación de desempleo como a su condición de términos rurales, buscando con ello la cohesión y la solidaridad territorial.
Asimismo, podrán promover y desarrollar proyectos del programa, y ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en este decreto, los ayuntamientos y entidades locales menores de Extremadura con población inferior a 5.000 habitantes, que deberán ser competentes para la ejecución de las correspondientes obras o servicios.
