MÉRIDA (BADAJOZ), 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Dirección General de Política Social y Familia ha recordado al alcalde de Herrera del Duque (Badajoz), Saturnino Alcázar, que "a día de hoy" no consta ninguna solicitud de su ayuntamiento para acogerse al decreto de Ayudas de Protección Social Urgente, recientemente aprobado por el Gobierno de Extremadura.
Cabe recordar que Saturnino Alcázar, en calidad de secretario de Política Municipal del PSOE de Extremadura, ha reclamado este martes al Ejecutivo autonómico que agilice la concesión de estas ayudas.
Por este motivo, dicha dirección general ha mostrado su "estupor" ante las declaraciones pronunciadas por el primer edil herrereño, al considerar que sus "absurdas críticas" acerca de las nuevas ayudas "quedan desarmadas completamente" cuando se constata "que no ha hecho sus deberes como alcalde, para garantizar que este dinero llegue cuanto antes a los vecinos de su localidad".
En este sentido, Política Social ha recalcado que la "dejadez" de Alcázar a la hora de pedir estas ayudas "contrasta de lleno" con su "supuesta preocupación" por "los herrereños más necesitados", ha informado el Ejecutivo extremeño en nota de prensa.
Igualmente ha destacado el "absoluto desconocimiento" mostrado por Alcázar acerca del sistema de protección social, "ya que no sabe distinguir entre un derecho permanente, como es la Renta Básica, y una ayuda puntual, como las de protección social urgente".
Para la Dirección General de Política Social "no es comprensible" que delante de los medios de comunicación "se reclame celeridad" en la atención a las personas más vulnerables y que "por detrás se esté obstaculizando el acceso de los ciudadanos a estas ayudas que tanto necesitan".
AYUNTAMIENTOS SOLICITANTES
Al hilo de lo anterior, la Dirección General de Política Social y Familia ha concretado que a día de hoy un total de 44 ayuntamientos extremeños ha cursado su petición para acogerse al citado decreto.
De estos municipios, 23 corresponden a la provincia de Badajoz y la cuantía a repartir entre éstos asciende a 1.267.372,62 euros. Por su parte, los 21 municipios restantes pertenecen a la provincia de Cáceres y el montante a repartir entre éstos es de 942.541,82 euros.
En detalle, los municipios pacenses que ya han presentado su solicitud son Badajoz, Mérida, Almendralejo, Villafranca de los Barros, Azuaga, Aceuchal, Alburquerque, Campanario, Santa Marta de los Barros, Zalamea de la Serena, Pueblonuevo del Guadiana, Usagre, Alconchel, Trujillanos, Mirandilla, Calera de León, Malpartida de la Serena, Palazuelo, Retamal de Llerena, Torrefresneda, Aljucén, Risco y Carrascalejo.
Los municipios cacereños que ya han solicitado acogerse son los de Cáceres, Plasencia, Miajadas, Moraleja, Valencia de Alcántara, Malpartida de Cáceres, Torrejoncillo, Garrovillas de Alconétar, Cilleros, Cañamero, Guijo de Galisteo, Navas del Madroño, Riolobos, Majadas, Carcaboso, Vegaviana, Santibáñez El Bajo, Aceituna, Valverde de la Vera, Guijo de Coria y Carbajo.
"MANIPULACIÓN"
Asimismo, la Dirección General de Política Social ha aclarado que el hecho de que para acogerse a este decreto los ayuntamientos tengan que estar al corriente de los pagos a la Seguridad Social es consecuencia de la aplicación de la Ley de Subvenciones, "que además fue aprobada por el gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara en la legislatura pasada".
"La manipulación no es el camino para ofrecer soluciones reales a los problemas reales de los ciudadanos", ha agregado, al tiempo que ha destacado el "férreo compromiso" del Gobierno de Extremadura con las personas en situación de vulnerabilidad y con el municipalismo extremeño.
En este sentido, ha recordado que "lejos de comprometer la economía de los municipios", el Gobierno de Extremadura "está dando muestras palpables" de su "apuesta firme por los ayuntamientos", a través de medidas como las recientes ayudas para los programas de familia que eximen por primera vez a los consistorios de la aportación que hasta ahora realizaban.
En concreto, los ayuntamientos extremeños a partir de este año dejan de aportar el 20% del coste de este programa, "lo que supone un ahorro --contante y sonante-- de hasta 600.000 euros para las arcas de los municipios de la región".
