MÉRIDA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una propuesta de impulso en el Parlamento de Extremadura en la que propone la puesta en marcha un "pacto social urgente" que garantice la protección de la dependencia, que incluye la formación de un grupo de trabajo con representantes políticos, entidades locales, agentes sociales y el movimiento asociativo.
Dicho grupo tendría encomendada la tarea de realizar una evaluación sobre el impacto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, analizando su aplicación, las modificaciones llevadas a cabo, sus resultados, sus disfunciones, y su incidencia en la economía y el empleo en la comunidad autónoma.
La portavoz socialista en la materia, Marisol Mateos, insiste en que es "vital, para asegurar el cumplimiento de la citada ley, reforzar la financiación autonómica" destinada a garantizar la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Insiste asimismo en que hay que "recuperar de forma urgente" el calendario y consiguiente desarrollo la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia.
Mateos ha remarcado que el Gobierno de Mariano Rajoy "paralizó el calendario de aplicación de la Ley, impidiendo a las personas con dependencia moderada acceder a una prestación o servicios; eliminó de los Presupuestos Generales del Estado la partida para el nivel acordado, que ascendía a 283 millones".
Asimismo, ha señalado que se "suprimieron los dos niveles en que se dividía cada grado; se redujo en un 13% la aportación del Estado para la financiación del nivel mínimo; se rebajó en un 15% la prestación económica por cuidados en el entorno familiar; se eliminó la cotización de los cuidadores no profesionales; y se introdujo la incompatibilidad de las prestaciones".
Al mismo tiempo se ha producido, añade, "un gran retroceso en la financiación estatal del sistema", ya que "de soportar el 40% del coste del sistema en 2009, la administración general del Estado ha pasado a hacerse cargo del 19% en 2013", mientras que la aportación de las Comunidades Autónomas "ha crecido del 50,8% al 62%" y "el copago de los usuarios casi se ha duplicado".
Sobre este particular, la portavoz socialista, señala en una nota de prensa, que el pasado 23 de julio de 2014, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados registró una Proposición no de Ley para promover un "gran acuerdo que garantice la sostenibilidad, el desarrollo y la financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia".
Esta propuesta coincide con la iniciativa de los socialistas extremeños, que forma parte de la denominada "Agenda del Cambio", que es el "programa alternativo de gobierno" presentado por el secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en la moción de censura.
INCUMPLIMIENTOS CON LOS DEPENDIENTES
Por otro lado, subraya que el Gobierno de Extremadura no ha cumplido su "compromiso electoral" con las personas dependientes, "asumiéndose todas las limitaciones presupuestarias" y que, como consecuencia han conllevado consecuencias en las prestaciones.
Entre ellas cita que los dependientes se hayan quedado "sin la Teleasistencia del IMSERSO", que 3.649 cuidadoras familiares "hayan dejado de recibir una ya mermada prestación económica"; la eliminación la cotización a la seguridad social de las cuidadoras y cuidadores en el entorno familiar.
Asimismo cifra en 10.000 personas las "perjudicadas por el aplazamiento a enero de 2015 de la entrada de la Dependencia Moderada"; que los usuarios aporten "más dinero por los mismos servicios llegando a incrementarse hasta 50% su aportación"; entre otras.
A su juicio, se ha producido "una cronología imparable de hechos que impone la idea de que hay que blindar con urgencia el Estado del bienestar y los Servicios Sociales ya que deben ser públicos, universales y gratuitos".
Igualmente, Mateos reclama "de manera inmediata y urgente" la implantación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia "tal y como estaba prevista en la redacción original" de la ley de 2006, puesto que su "desarrollo estaba generando importantes retornos económicos hasta el año 2011", entre otras cuestiones.
Consecuencia de lo anterior y como se ha indicado en numerosas ocasiones desde el Grupo Parlamentario Socialista, el fenómeno de la desaparición de las personas dependientes del sistema, tiene como consecuencia la lógica disminución de las listas de espera. Sin embargo, "los responsables del ejecutivo regional, se empeñan en atribuirse el tanto de la rebaja de la lista de espera", asevera.
"DESMANTELAMIENTO" DE LA LEY
La portavoz socialista de Dependencia, Marisol Mateos, explica que el Gobierno del PP ha llevado a cabo una "cruel estrategia que ha posibilitado el desmantelamiento de la Ley de Dependencia".
Entre sus consecuencias, ha hecho referencia a la "inseguridad de la información proporcionada desde el SEPAD". Según Mateos, los datos "están sufriendo un proceso de integración en un nuevo sistema", de tal forma que resulta "imposible acceder a los datos oficiales que nunca aporta el ejecutivo regional, o que aporta de forma sesgada".
Además, ,reprocha al Ejecutivo regional que eche "balones fuera" y que "nunca" haga referencia a la "insuficiencia financiera estatal que asfixia a la comunidad autónoma y al desastre de gestión del sistema de información cuando los territorios son los responsables de las prestaciones y servicios".
Mateos señala también que desconoce las bajas que se producen en el sistema "porque no se ofrecen los datos"; así como que "no se depuran los datos de las personas que reciben más de un servicio".
"RECORTES PRESUPUESTARIOS"
En definitiva, "el Gobierno ha reducido el contenido esencial del derecho y ha realizado importantes recortes presupuestarios, con el dramático resultado de que los beneficiarios están recibiendo servicios y prestaciones claramente insuficientes, al tiempo que se encuentran sin atender miles de personas en situación de dependencia".
Por todo ello, los socialistas extremeños sostiene que es necesario "recuperar la esencia de la ley porque la reducción del número de personas pendientes de recibir la prestación no se debe a un incremento en atenciones, sino a su desaparición de las listas de espera, bien por pérdida del citado derecho, bien por fallecimiento sin haber recibido la atención".
"Lo último que debe hacer el ejecutivo del señor Monago es insultar a la inteligencia, especialmente de los ciudadanos que padecen su desatención y su desidia", finaliza Mateos.
