MÉRIDA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Socialista-Regionalista ha rechazado una propuesta del PP en la que pedía que la Junta de Extremadura asumiera las ayudas a la compra y alquiler de vivienda protegida que se destinan a ciudadanos y promotores, y sobre las que el Gobierno central ha anunciado su supresión.
El PP ha realizado esta petición a través de una Propuesta de Impulso que se ha debatido en el pleno de la Asamblea de Extremadura, y en la que pide que el Parlamento extremeño inste al Gobierno regional a que mantenga las ayudas a la compra y alquiler de vivienda protegida, para que la supresión anunciada por el Ministerio de Vivienda no sea aplicable en Extremadura.
La Propuesta de Impulso ha sido rechazada en el pleno con los votos en contra del PSOE, después de que el PP rechazase, previamente, una enmienda socialista a esta iniciativa, en la que se proponía que la Asamblea inste a la Junta a defender, en el seno de las comisiones bilaterales, a que se mantengan las ayudas a la compra y alquiler de vivienda protegida.
La iniciativa del Grupo Parlamentario Popular ha sido defendida en el pleno por la diputada Teresa Bravo, quien ha calificado de "un error, un mazazo" la supresión de estas ayudas, que "afecta a los más débiles económicamente", ha dicho.
"El Gobierno no para de asustarnos con sus recortes sociales", ha señalado Bravo, quien ha apuntado que en la región extremeña "las cosas están duras", ya que existen "problemas en infraestructuras, nos quedamos sin transporte, y en materia de vivienda, este golpe en plena crisis".
Ante esta situación, la diputada del PP ha aseverado que "el impacto que estas medidas tienen en Extremadura es especialmente grave", lo cual sitúa a la región en una "situación grave y patética", ha señalado.
Así, Teresa Bravo ha recordado que algunas comunidades autónomas, entre las que ha citado Castilla y León y Navarra, han puesto en marcha "medidas especiales" como las de asumir estas ayudas "para que no tenga repercusiones y no se quiten las ayudas a la vivienda protegida en la CCAA", y ha alertado que "si la Junta de Extremadura no pone remedio, tendremos problemas en política de vivienda".
Finalmente, la diputada del PP ha asegurado que esta situación se está produciendo "sencillamente por la ineficacia e ineptitud a la hora de administrar los recursos", y ha lamentado que esta situación "la pagan los más desfavorecidos".
EJERCICIO DE RESPONSABILIDAD
Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista-Regionalistas María Isabel Moreno Duque, ha defendido como un "ejercicio de responsabilidad política" que "los recortes tuvieran que llegar al Ministerio de Vivienda, al igual que han llegado al resto de carteras".
Moreno ha reconocido que "la medida más controvertida" en este departamento ha sido la supresión de la ayuda estatal a la adquisición de vivienda, que se ha tomado porque estas ayudas "son las que más pesan dentro del presupuesto, y porque establece otras medidas como contrapartida".
Así, la diputada socialista ha explicado que estas ayudas llegaban hasta dos años después de la compra de la vivienda, incluso cuando ya se había formalizado el préstamo hipotecario, "por lo que no se cumplía el objetivo principal".
Moreno ha lamentado el "interés partidista y partidario" que a su juicio tiene el PP a la hora de presentar esta medida, y aunque ha reconocido que PSOE y PP comparten su preocupación por esta situación, la diferencia es que el PP tiene una "visión mercantilista" de la vivienda, mientras el PSOE tiene "un enfoque social".
Ante esta situación, la diputada socialista ha mostrado su apoyo al Gobierno central en su interés por potenciar el alquiler de vivienda, y ha destacado que "el Ministerio de Vivienda financia el 85 por ciento de las actuaciones que realizan las Comunidades Autónomas" en esta materia.
