Es el "primer" caso en España en el que se va a esgrimir la figura de tráfico de seres humanos para explotación laboral, según el sindicato
MÉRIDA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
UGT Extremadura se personará como acusación particular en el caso del delito contra los derechos de los trabajadores por el que se ha detenido al propietario de un establecimiento hostelero de la provincia de Cáceres y a un gestor acusados de realizar descuentos mensuales de las nóminas de varios ciudadanos extranjeros, trabajadores del local, a cambio de la tramitación y obtención del permiso de residencia.
Según señala UGT Extremadura en nota de prensa, estas detenciones, realizadas por agentes de la Guardia Civil, han sido posibles gracias a la colaboración de este sindicato con las Fuerzas de Seguridad a través de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres.
El sindicato ha explicado que en el mes abril una trabajadora inmigrante acudió a las oficinas de la UGT para denunciar abusos laborales en su trabajo irregular, por lo que durante los siguientes meses se recopiló documentación que se hace llegar a la Subdelegación de Gobierno, lo cual da origen a la investigación.
La investigación puso de relieve que a la trabajadora que había realizado la denuncia "se le viene reteniendo entre 200 y 300 euros mensuales del sueldo pactado, con el argumento de gestionar su regularización, hasta una cantidad de 3.000 euros".
Según explica UGT Extremadura, el empresario "retiene casi toda la documentación de los trabajadores para evitar que ellos sepan algo sobre la tramitación de regularización". Para ello, les tenía empadronados en un piso de su propiedad.
Después de esta primera denuncia, y a raíz de las investigaciones, surgieron nuevas denuncias de trabajadoras de la misma empresa, añade el sindicato.
UGT Extremadura ha indicado que se personará como acusación particular en este caso por ser el "primero en España" en el que se va a esgrimir la figura de tráfico de seres humanos para explotación laboral, recogido en la Ley de Extranjería y en el Código Penal que entrará en vigor el 24 de diciembre de 2010.
El sindicato explica que hasta el momento se entendía el tráfico de seres humanos como figura delictiva "exclusivamente" en la explotación sexual y el tráfico de órganos.
CREAR JURISPRUDENCIA
"Nos encontramos en un momento crucial para crear jurisprudencia sobre la explotación laboral", indica UGT Extremadura, que apunta además que, a parte de la vía penal, seguirá la vía administrativa laboral para reclamar las cantidades adeudadas a las trabajadoras en este caso.
Sobre el caso referido, cabe recordar que se trata de la operación 'Retamosa', que se inició a mediados del pasado agosto, por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres. Llevadas a cabo las oportunas investigaciones, los agentes de la Guardia Civil comprobaron cómo el propietario del establecimiento contrataba a ciudadanos extranjeros con anterioridad a la obtención del permiso de residencia, a los que "les hacía trabajar jornadas diarias superiores a las doce horas y les prometía el oportuno permiso de residencia a través de una gestoría".
Para la obtención del permiso de residencia, el gestor, en connivencia con el propietario del establecimiento, presentaba los oportunos expedientes, pero "siempre con documentos inciertos o incompletos", con lo que "demoraba el expediente o incluso dejaba que cumplieran los plazos que le exigía la administración".
El objeto de esta actuación era "seguir descontándoles de las nóminas cantidades importantes por la tramitación de los expedientes". La Guardia Civil estima que las cantidades obtenidas por los detenidos, pueden ser "bastante elevadas", ya que a un solo ciudadano extranjero, han llegado a descontarle de sus nóminas más de 6.000 euros, señala.
Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº. 1 de Navalmoral de la Mata (Cáceres).
TRABAJO "CONSTANTE" DE UGT
UGT Extremadura destaca en su comunicado que viene realizando un trabajo "constante" de asesoría y apoyo a los trabajadores inmigrantes para lo que cuenta con cinco oficinas en la región.
Con estas oficinas UGT lleva más de seis años canalizando denuncias, aunque "nunca de la magnitud de las más recientes que implica a una red de extorsión". Desde el sindicato se anima a todos los trabajadores a que denuncien cualquier violación de sus derechos sin tener en cuenta su situación en España.
El sindicato reitera su "compromiso" con los trabajadores y "en especial con los trabajadores más vulnerables como son los inmigrantes" y anima a todos para trabajar por un trabajo "digno y contra la explotación laboral".
