SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
La propuesta del PSdeG en lo referente al título 1 de derechos, deberes y políticas públicas del futuro Estatuto, y que ha presentado ya en la Ponencia de la Comisión para a Reforma do Estatuto, apuesta por reconocer el derecho de las parejas no casadas y por crear un registro de "voluntad vital anticipada".
De esta forma, los socialistas engloban esta parte en tres capítulos con cuatro, dos y tres artículos, respectivamente. Además, dedican uno de estos artículos a la prohibición de toda "discriminación" en el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de los deberes y la prestación de los servicios que figuran en este título.
El PSdeG considera como derechos de los gallegos la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres "en todos los ámbitos", el derecho de las parejas no casadas a inscribirse en un registro público "oportuno" a su opción de convivencia y a gozar de los "mismos derechos" que los casados. También aboga por el derecho al espeto de la orientación sexual de cada uno.
Asimismo, reclama el derecho de los menores a recibir atención integral necesaria para el "desarrollo saludable" de su personalidad y el derecho de las personas mayores a vivir con "dignidad", "libres de explotación y de malos tratos".
También considera como un derecho prioritario de los gallegos, el de vivir los últimos momentos de la vida "con dignidad". Por eso, apuesta por inscribir en un registro, la voluntad vital anticipada, "que deberá respetarse, en los términos que establezca una ley del Parlamento".
En el apartado de los deberes de los ciudadanos, insta a los gallegos a colaborar en el caso de catástrofes o en situaciones de emergencia, a conservar el medio ambiente haciendo un "uso razonable" del mismo y a "cuidar y proteger" el patrimonio público.
VALEDOR DO POBO
La propuesta del PSdeG también recoge las funciones del Valedor do Pobo, una figura que, como tal, no aparece en el actual Estatuto. De esta forma, considera que le corresponderá a esta institución la supervisión de las administraciones públicas y apunta que cuando aprecie contradicciones entre normas legales o la vulneración de alguna de ellas, debe remitir un expediente a la Cámara.
Además, incorpora un artículo sobre los objetivos de las políticas públicas y precisa que, entre ellos, figura la paz, el respeto a los valores "inherentes a la dignidad humana", el reconocimiento de la diferencia y la convivencia solidaria y en libertad con los demás pueblos de España.
También pide que se elimine el sexismo, la xenofobia, la homofobia y el belicismo, "especialmente, mediante la educación en valores en los que se fomente la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad".
Finalmente, engloba en cuatro los principios de la acción pública; el principio de subsidiaridad, el de proporcionalidad, el de transparencia y el de eficacia.
