3 de abril de 2020
23 de julio de 2008

Quintana asegura que la Xunta cubrirá con fondos propios la "falta de compromiso" del Gobierno con la Ley de Dependencia

Reclama definir el "coste real" de las prestaciones antes de diseñar los Presupuestos del Estado para 2009

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, criticó hoy la "falta de compromiso" del Gobierno central con la aplicación de la Ley de Dependencia al haber "recortado" los fondos para sufragar los derechos reconocidos por esta normativa y aseguró que la Xunta cubrirá con fondos propios el coste de la prestación de estos servicios.

Tras participar en Madrid en la reunión del Consejo Territorial de Asuntos Sociales, Quintana lamentó que, pese a las "afirmaciones rotundas" del Gobierno de Zapatero de que la crisis económica no afectaría a las políticas sociales, "la realidad no va por ese camino".

Así, criticó que el Estado "recortó" los fondos para financiar el coste de los servicios a los dependientes de 430 a 241 millones de euros, de los cuales a Galicia corresponderán 20,9 millones, según el reparto acordado hoy.

"Por desgracia, la práctica se impone a las palabras y para mal", censuró. No obstante, Vicepresidencia aseguró que "ya se han ordenado las modificaciones presupuestarias necesarias" en la Xunta para "cubrir con fondos propios lo que el Estado no cubra con fondos que le correspondía transferir a Galicia".

"Hemos puesto en marcha un sistema ambicioso para la autonomía personal, de atención a la dependencia, que tenía una serie de recursos que hoy no hemos podido constatar", criticó Quintana. Ante esta coyuntura, el dirigente nacionalista alertó de que supone "un contratiempo importante" porque mantener los servicios reconocidos en la Ley de Dependencia "va a descansar fundamentalmente en los recursos y las capacidades de las comunidades autónomas".

Las quejas de Quintana coincidieron con las manifestadas por otros representantes autonómicos, ya que comunidades autónomas gobernadas tanto por el PSOE como por el PP rechazaron la propuesta del Ministerio de Educación y Asuntos Sociales sobre la Ley de Dependencia y exigieron una financiación suficiente. No obstante, todos estuvieron de acuerdo con la propuesta de la ministra Mercedes Cabrera de darse un plazo de reflexión hasta septiembre para que pueda implantarse con garantías.

COSTE REAL.

A juicio de Quintana, la reunión del Consejo Territorial de hoy "entierra el año 2008 para la Ley de Dependencia", por lo que explicó que propuso empezar a trabajar en la primera semana de septiembre en la definición del "coste real" del sistema de dependencia y en establecer los mecanismos de financiación que aseguren sus sostenibilidad.

Asimismo, también apostó por que se celebre una nueva reunión del Consejo Territorial de Asuntos Sociales antes de que el Consejo de Ministros se reúna para aprobar el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2009. En su opinión, antes de que se perfilen las cuentas públicas tendría que está definido "de una vez" el coste de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, lo que supondrá "una nueva estructura presupuestaria".

CONTRAPOSICIÓN.

En todo caso, el vicepresidente de la Xunta contrapuso "la falta de compromiso del Estado" ante la Ley de Dependencia con la política seguida en los últimos tres años por la Xunta porque "va a garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos a pesar de la merma de financiación" por parte del Gobierno central.

Al respecto, destacó que la comunidad gallega es la tercera en cuanto al número de valoraciones, ya que ha recibido 45.625 solicitudes, de las cuales 38.867 ya fueron evaluadas, lo que supone el 85%. Sobre este punto, resaltó la importancia que tiene también en términos financieros porque permite que la comunidad reciba por el nivel mínimo "buena parte de lo que no recibe por el nivel acordado".

Asimismo, Quintana evaluó como un acierto que Galicia asegurase el pago por parte del Estado de la "deuda histórica" en materia social, ya que esos 60 millones de euros permitieron poner en marcha una red pública integrada por 55 centros de día y el aumento de las plazas residenciales, mientras que "con la financiación que hoy anuncia el Estado no se podría haber hecho".