"Llegado el caso", la Xunta no asumirá de oficio la retirada y el decomiso de la madera hasta pasada la época de alto riesgo
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los propietarios de 290 hectáreas arboladas que no respetan las distancias que fijan las leyes de montes y de prevención y defensa contra incendios de Galicia serán multados con sanciones que pueden llegar hasta los 3.000 euros si no las talan antes de octubre.
El balizamiento de las "plantaciones ilegales" al lado de las carreteras, como las denomina la Consellería de Medio Rural, es una de las novedades dentro del plan de acciones de 2018 de la Xunta para hacer cumplir las franjas de seguridad.
La conselleira, Ángeles Vázquez, anunció esta medida esta semana, en la intervención que cerró las comparecencias en la comisión de estudio creada en el Parlamento a raíz de la ola de fuegos del pasado octubre. Dijo que se haría antes del 31 de mayo.
Según han informado fuentes de la consellería consultadas por Europa Press, "la novedad consiste en indicar con carteles informativos aquellas plantaciones que no cumplen con las distancias reglamentarias".
Estos carteles tendrán información relativa a los datos catastrales y al plazo de actuación, que será de un mes, así como la sanción económica a la que se enfrenta el dueño "en caso de no corregir la infracción", que puede llegar hasta los 3.000 euros.
"El carácter público del aviso tiene un componente pedagógico con repercusión no solo sobre la persona advertida, sino también en otros propietarios del entorno", asegura Medio Rural. De este modo, rechaza que haya un "afán recaudatorio detrás" de la iniciativa.
En caso de que el infractor no realice las correspondientes talas, la situación "irregular" será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diario Oficial de Galicia (DOG), de modo que tendrá tres meses para actuar antes de que lo haga la Administración.
"Llegado el caso", los plazos sitúan en octubre, pasada la campaña de alto riesgo, las primeras ejecuciones subsidiarias, con las que la Xunta talará de oficio las "plantaciones ilegales" y procederá al decomiso cautelar de la madera resultante de la corta de los árboles.
Esta posibilidad, anunciada por el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras la oleada de incendios de octubre, fue abierta precisamente por uno de los cambios legales introducidos a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos.
¿DÓNDE ESTÁN LAS PLANTACIONES IDENTIFICADAS?
El aviso mediante carteles previo a una eventual tala de oficio y del decomiso de la madera ya se probó el año pasado en la provincia de A Coruña, según la Xunta, con "buenos resultados". De ahí que se haya decidido ampliar "a todo el territorio".
En lo que presenta como una segunda fase de actuación, el Ejecutivo, que actúa a través del personal de los distritos forestales, tiene identificadas 290 hectáreas: 100 en la provincia de A Coruña (como mínimo 20 en cada uno de sus cinco distritos), otras 100 en Lugo (al menos otras 20 en cada distrito), 50 en Ourense (10 hectáreas en cada uno de sus distritos) y 40 en Pontevedra (otras 10 por cada uno de sus cuatro distritos).
Asimismo, en todos los distritos de Galicia (los 19) habrá intervenciones de control en unos 30 kilómetros de carreteras y vías ferroviarias. En total, la limpieza abarcará 500 kilómetros.
MÁS DE 5.500 EXPEDIENTES DESDE 2012
De acuerdo con los datos del departamento autonómico, desde 2012 abrió más de 5.500 expedientes por incumplimiento de las leyes de montes y de prevención y defensa contra incendios, en el marco de los "tradicionales expedientes sancionadores para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente". Se trata, según explica, de infracciones relativas a limpieza de fincas, fajas de gestión y distancias de las plantaciones.
De todos esos expedientes, las sanciones impuestas se quedaron en 3.500, lo que significa que "en una parte importante" de los casos (más del 60%) los particulares amonestados cumplieron con su obligación.
Además, la Consellería de Medio Rural envío también más de 4.000 apercibimientos previos a los dueños avisando del incumplimiento de la ley, sin necesidad de abrir un expediente sancionador.
CARTAS A LA AP-9, RENFE, ADIF, RED ELÉCTRICA...
Para la gestión de biomasa en las franjas primarias, el departamento de Ángeles Vázquez ha remitido cartas a los obligados por estos espacios (afectados por carreteras, autopistas, red ferroviaria, líneas de transporte y distribución de energía eléctrica, subestaciones eléctricas, conducciones de transporte de gas natural y estaciones de telecomunicaciones).
Así, ya envió misivas a Audasa (la concesionaria de la AP-9), Carreteras del Estado, Rede Autonómica de Estradas de Galicia, diputaciones, Renfe, Adif, Fenosa, Red Eléctrica, otros concesionarios eléctricos y Gas Natural.
Igualmente, ha enviado cartas a los organismos provinciales, a la Fegamp y a ayuntamientos "recordando sus obligaciones" en las franjas secundarias.
Por último, trasladó misivas a las comunidades de montes vecinales en mano común y a sus asociaciones sobre la normativa en materia de distancias.
