Tereixa Paz y Bieito Lobeira consideran los hechos "extremadamente graves" y consideran que "hay que clarificarlos"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario del BNG solicitó los datos que existan sobre un "presunto fraude" cometido por la Asociación Profesional Xóvenes Agricultores al presentar solicitudes para la devolución del impuesto de hidrocarburos para labradores de personas que no están vinculadas al agro, y con cuentas bancarias ajenas a éstas, y pide que se "abra una investigación" al respecto.
En una iniciativa, firmada por Tareixa Paz y Bieito Lobeira, pregunta a la Xunta si tiene conocimiento de este "presunto caso de corrupción" y si "tiene previsto demandar" a la Agencia Tributaria que haga las averiguaciones pertinentes.
Los diputados nacionalistas recogen en su iniciativa "las denuncias de diversas personas que, incluso por la vía judicial, avisaron de la existencia de "graves irregularidades" vinculadas a la percepción, "presuntamente ilegal, de cantidades en concepto de devolución del impuesto sobre hidrocarburos para labradores y ganaderos.
El Bloque recoge que el "supuesto fraude" consta de varias fases. Así, la primera parte cuando "personas no relacionadas en absoluto con la agricultura o la ganadería conocen la existencia de documentos en los que consta su nombre o NIF y una cuenta bancaria que pertenece a otra persona". Al parecer, a través de estos documentos, se solicitaba oficialmente la devolución extraordinaria del impuesto que los ganaderos soportan por la adquisición de gasóleo.
Posteriormente, a estas personas --que "en ningún caso" realizaron la solicitud-- se les asignaban vehículos agrícolas y operaciones cuantificadas de adquisición de gasóleo con sus correspondientes facturas. Finalmente, las peticiones --"con datos personales sin consentimiento y datos bancarios de personas distintas de las solicitudes-- son elaboradas y presentadas por Xóvenes Agricultores ante las oficinas de la Agencia Tributaria.
Ante estos hechos, los parlamentarios del BNG consideran "extremadamente grave" lo ocurrido, por lo que insisten en la "necesidad" de que se abra una investigación "en profundidad". "No se puede permitir el enriquecimiento ilícito de nadie ni de ninguna entidad y mucho menos con métodos fundamentados en la falsificación documental o en la suplantación de personalidad", sentencian.
