SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
Las etiquetas de los vinos incorporarán información sobre la variedad de uva con la que se elaboran y su añada a partir del 1 de agosto del próximo año. Esta medida, derivada de la nueva Organización Común de Mercado (OCM) del vino, se aplicará de modo obligatorio a las marcas amparadas por una denominación de origen (D.O.) o una identificación geográfica protegida, así como a cualquier modalidad de mesa.
Así lo aseguró el Gobierno central en una respuesta al diputado del Grupo Popular Celso Delgado, recogida por Europa Press, después de señalar que esta regulación sobre la presentación y etiquetado de los vinos entrará en vigor una vez se consensúe su aprobación con las comunidades autónomas.
A este respecto, añadieron que en la citada normativa se introducirán las listas de variedades protegidas por cada Estado miembro para evitar que un vino de mesa de otro país incluya una referencia de un caldo autóctono y confunda al consumidor. Cada D.O., IGP y vinos sin estas figuras de protección podrá vincularse a una o más variedades de vid.
El Ejecutivo central recordó que la nueva OCM permitirá "armonizar" la protección de los vinos españoles y, en especial, los amparados por una D.O. con las normas internacionales de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para disponer de una mayor protección en los mercados exteriores.
También destacó la limitación de la producción de un vino de una de estas entidades de certificación de calidad a una zona geográfica determinada, salvo algunas excepciones. El Gobierno central apostó por la nueva OCM, al considerar que retrasa la liberalización de plantaciones prevista inicialmente en 2010 y, ahora, pospuesta hasta 2015. En esta línea, incidieron en que permitirá mantener el actual sistema de derechos de plantación de las D.O. hasta 2018.
Además, señaló que la OCM abrirá la posibilidad de incrementar el reconocimiento de los consejos reguladores de cada D.O. como organizaciones interprofesionales, entidades que, como subrayaron, desempeñarán un "importante papel" de base para los estados en la adopción de normas de regulación de la oferta.
