Rural.- Trabajadores de Seaga confían en que Medio Rural informe "de inmediato" de su futuro o convocarán una huelga

Actualizado: jueves, 11 febrero 2010 14:58

La CIG cree que existe una "tendencia" a "extinguir" Seaga y "privatizar" el servicio que presta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los comités provinciales de empresa de Servizos Agrarios de Galicia (Seaga) confiaron hoy en que la Consellería de Medio Rural informe "de inmediato" sobre el futuro de esta firma pública "con independencia del modelo por el que se opte" y afirmaron que, de lo contrario, convocarán una huelga de personal.

En rueda de prensa, el secretario nacional de la federación de servicios de la CIG, Paulo Rubido, explicó que representantes de Seaga mantuvieron una ronda de encuentros con los tres grupos parlamentarios gallegos. En concreto, destacó la reunión con la portavoz de Medio Rural del PPdeG, Isabel García Pacín, y la diputada Emma Álvarez Chao, por entender que esta formación es "responsable" de la actual situación laboral de los trabajadores de Seaga.

Las diputadas 'populares', según afirmó, manifestaron que la Consellería ha de definir "de inmediato" sus previsiones respecto al futuro de la empresa pública y, como añadió, se comprometieron a mediar entre Medio Rural y trabajadores de Seaga para "provocar" una reunión. El responsable de la federación de servicios de la CIG recordó que los comités de empresa "intentan" desde "hace más de ocho meses" mantener un encuentro para "desbloquear" la situación.

"¿Qué pasará con la empresa? ¿Cuál es su futuro?", preguntó, para señalar que de Seaga dependen veterinarios encargados del seguimiento de la 'lengua azul', la plantilla del Centro de Información ao Agro Galego (CIAG) o el personal dedicado a las labores de prevención y extinción de incendios.

En esta línea, criticó que la Administración gallega haya abonado unos 500.000 euros en concepto de salarios de contratación a raíz de las sentencias judiciales favorables a los intereses de trabajadores de Seaga. "En vez de sentarse a negociar, la Administración está pagando --a esos trabajadores-- por no hacer nada", aseveró, para reiterar que ese personal quiere un trabajo "en condiciones dignas".

EXTINGUIR SEAGA Y PRIVATIZAR SERVICIO

Rubido acusó a Medio Rural de "ocultación" de sus intenciones respecto a la empresa con la "finalidad clara" de "engañar" a los trabajadores y "evitar" movilizaciones. "Hay una tendencia a extinguir Seaga y privatizar el servicio", interpretó el sindicalista de la CIG, quien advirtió de que esta central prevé celebrar una "gran movilización" en defensa de los servicios públicos gallegos, tras ser preguntado por la posición que adoptaría el sindicato en caso de que confirmarse su pronóstico sobre el futuro de la empresa.

Así, el responsable del comité de empresa de Pontevedra, Peter Brea, señaló que, de los más de 2.000 empleados que esta empresa llega a contratar, en la actualidad hay menos de 200 personas trabajando y sólo 30 de ellas vinculadas al ámbito forestal. "Es una situación alegal", aseguró, para recordar que Medio Rural subcontratará a partir del 1 de marzo a empresas privadas por más de 4 millones de euros las labores de prevención de incendios que hasta la fecha efectuaba personal de Seaga.

Por su parte, otro de los responsables del comité de Pontevedra, Jorge Silva, condenó que la Consellería mantenga al equipo directivo nombrado por el Gobierno bipartito y al que atribuyó contrataciones "en fraude de ley" y "políticas totalmente represivas", así como "ineptitud" en la gestión de la empresa.

INICIATIVAS PARLAMENTARIAS

El responsable nacional de la federación de servicios saludó el compromiso de las portavoces de Medio Rural del BNG, Tareixa Paz, y del PSdeG, Sonia Verdes, a trasladar sus reivindicaciones a la Cámara gallega a través de distintas iniciativas parlamentarias.

En concreto, expresó su "satisfacción" por que la diputada nacionalista reconociese que "hubo actuaciones en el ámbito laboral" por parte del bipartito en Seaga que no fueron "las más acertadas", así como "errores evidentes" vinculados a las contrataciones eventuales, las condiciones precarias y la "fragilidad del proyecto".