UU.AA. advierte de que la nueva PAC "va a permitir que el dumping" en el sector lácteo "se multiplique por tres"

El secretario general de UU.AA., Roberto García
EUROPA PRESS
Actualizado: miércoles, 22 enero 2014 15:04

García augura "un Gamonal 2" cuando los ganaderos gallegos conozcan que pierden "hasta el 30% de las ayudas" que venían percibiendo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias (UU.AA.) entiende que la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC), cuyo reparto de fondos se acaba de acordar entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas, "va a permitir que se multiplique por tres" el dumping en el sector lácteo --práctica comercial de vender a precios inferiores al costo, para adueñarse del mercado--.

El secretario general del sindicato, Roberto García, explica esta situación de "competencia desleal" que, según denuncia, se va a producir en el nuevo escenario sin cuotas --a partir de 2015--, al confrontar lo realizado en Francia para la distribución de las ayudas europeas y lo que decidió este martes el Gobierno español.

La diferencia fundamental reside, según ha expuesto este miércoles en rueda de prensa, en la definición de agricultor activo y la prima a las primeras hectáreas adoptada por el Ejecutivo galo, lo que da como resultado, afirma, que cada ganadero productor de leche en el país vecino cobrará una cuantía superior a la subvención de la que se beneficiarán los españoles. Y en el caso de Galicia, al acaparar el 50% de los productores lácteos del Estado español, el "ataque" es mayor, indica.

Así, prevé que se incremente la "colocación" de leche de un país como Francia, excedentario --también Alemania--, en el mercado español --deficitario-- a un valor por debajo de costes, con el objetivo de controlarlo.

De hecho, a la espera de conocer el detalle de cuánto cobrará cada ganadero --ahora, por vaca, en lugar de por cuota y en función de la comarca agronómica en la que se enmarca--, García constata que podrán perder "hasta un 30%", tal y como establece el ministerio --aunque también podrán ganar hasta un 30%--. "Estoy seguro de que va a haber un Gamonal 2", ha ironizado, antes de precisar que piensa que "probablemente impere el sentido común" y en los próximos meses se maticen cuestiones relacionadas con este reparto.

García censura que la asignación por vaca "perjudica a las explotaciones lácteas más eficientes" y, en cuanto al importe de pagos acoplados para este sector --en total, 93 millones de euros--, cree que en torno al 40 o 50% deberían corresponder a Galicia, que tiene 350.000 de las 800.000 vacas de leche del Estado.

"CHAPÓ" POR EL SEGUNDO PILAR

El reparto de la PAC se divide en dos pilares fundamentales, de pagos directos y desarrollo rural, de los cuales a la Comunidad gallega le tocarán, aproximadamente, unos 160 y en torno a 170 millones de euros anuales, respectivamente, en el periodo 2014-2020.

Al respecto del segundo apartado, el destinado a desarrollo rural, García opina que "la negociación política" de la Consellería de Medio Rural fue "importante" y a ella atribuye que a Galicia le siga correspondiendo el 11% del total de fondos a repartir en este pilar, casi 890 millones para las siete anualidades --sin contar con el 25% restante que aportan al plan de desarrollo rural el ministerio y la Xunta--.

De hecho, el líder de Unións señala que, a su juicio, "para mantener" los fondos que venía percibiendo la Comunidad Autónoma en el anterior periodo, 2007-2013, "le quitan a Andalucía 200 millones en una decisión política". Esto es así puesto que, desde su perspectiva, por cuestiones de convergencia, la cifra está ahora "por encima de lo que corresponde" al territorio gallego. "Chapó", añade, respecto a la citada negociación.

CASI 800 MILLONES EN VEZ DE 160

Sin embargo, Roberto García se muestra crítico con los criterios de reparto del primer pilar, el de los pagos directos, así como con los dirigidos a distribuir los pagos acoplados --para vacuno de engorde, nodriza, ovino, caprino, vacuno de leche y remolacha azucarera, entre otros sectores--.

Y es que 768 millones, en vez de 160 millones, sería la cifra que calcula que recaería sobre el sector agricultor y ganadero de Galicia, cada año, en caso de que se considerase agricultor activo a aquel que puede justificar que al menos un 50% de sus ingresos provienen de la actividad agrícola o ganadera --como pedía esta organización, al igual que otras centrales agrarias y fuerzas políticas--.

No obstante, el criterio establecido por el ministerio --agricultor activo es, según el acuerdo de la conferencia sectorial de agricultura, el que puede acreditar que las ayudas directas no suponen más de un 80% del total de sus ingresos agrarios--, supone, además de "un grave ataque a la ganadería, un golpe importante a la legitimación de las ayudas" ante los contribuyentes, incide.

"INTERESES ELECTORALISTAS"

La suma que recibe la Comunidad gallega para pagos directos representa, históricamente, en torno a un 3% del total distribuido por España, "teniendo un 16% de los agricultores a titulo principal", argumenta.

El secretario general de Unións lamenta que "por primera vez en la historia, el Estado podría hacer borrón y cuenta nueva", pero no lo ha hecho, cree, por "no abrir una guerra" y porque en el reparto atendiendo a este criterio "perderían" Extremadura, Andalucía y, sobre todo, Aragón.

En su opinión, las decisiones del departamento de Arias Cañete responden a "intereses electoralistas", porque al Ejecutivo estatal no le interesa tener "un millón de cabreados", razón por la cual ha buscado no excluir a casi 700.000 personas de la percepción de ayudas.

"ATAQUE A LOS PEQUEÑOS"

Unións estima que, en el conjunto del Estado, unos 300.000 son agricultores a título principal, sobre 30.000 en Galicia. En la actualidad, en torno a 37.000 profesionales gallegos perciben ayudas de la PAC --unos 3.000 euros de media--, y UU.AA. cifra en "menos de 5.000" los que quedarían fuera de su esquema.

Por otra parte, el hecho de repartir los fondos por hectárea --con la vista puesta en el objetivo de converger, a partir de 2015-- es, según ha dicho Roberto García, "un grave ataque a los pequeños propietarios de tierras en contra de los grandes propietarios".