Recuerda que existe una ley que obliga a funcionarios y autoridades a indemnizar a Hacienda por negligencia o dolo
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Consellería de Medio Rural anunció hoy que estudia la posibilidad de que los más de 12 millones de coste que le supone a las arcas públicas gallegas la readmisión e indemnización de los 126 veterinarios despedidos en 2002 por el departamento que dirigía el popular Juan Miguel Diz Guedes, sean asumidos por los responsables entonces de esa decisión "política y basada únicamente en la intolerancia".
"Las decisiones tomadas en aquel entonces por los responsables de la Xunta tuvieron como consecuencia un grave quebranto económico para la arcas públicas", recriminó en la Comisión de Agricultura el secretario xeral de Medio Rural, Alberte Souto, quien censuró además que la decisión de despido fue "totalmente arbitraria e ilegal", tal y como recordó que sentenció el Tribunal Constitucional, que los declaró nulos por vulnerar derechos fundamentales.
Por estos motivos, anunció que el Gobierno actual deberá ver si hubo "negligencia o culpa" por parte de los responsables de esta decisión. Al respecto, recordó que el artículo 113 de la Ley del Régimen Financiero y Presupuestario de la Xunta recoge la "responsabilidad" a cualquier funcionario o autoridad que incurra en "negligencia o dolo" y que, por tanto, tienen la obligación de indemnizar a Hacienda.
No obstante, Alberte Souto aclaró que, en estos momentos, las prioridades de Medio Rural con respecto a este caso es "cumplir escrupulosamente" con la sentencia del TC que obliga a readmitirlos y a indemnizarlos, tal y como aseguró que se está haciendo. Sin embargo, aseguró que, una vez que se "normalice" la situación, la consellería "profundizará" en la búsqueda de las responsabilidades que pueda haber, "ya que el resultado de estas decisiones fue enormente gravoso para las arcas públicas".
En este sentido, recordó que además de estos más de 12 millones de euros, "todo indica que será confirmado" que la Xunta tendrá que asumir los costes de las actas que interpuso Inspección Laboral a la Administración gallega en aquella época, que suman más de 1,1 millones de euros.
Tanto los grupos parlamentarios del PSdeG como del BNG se mostraron de acuerdo en reclamar responsabilidades personales y patrimoniales a los responsables de la "decisión política" de despedir a estos veterinarios y que causaron un "quebranto enorme a las arcas públicas", subrayó la diputada nacionalista Tereixa Paz.
Por su parte, la parlamentaria socialista rechazó que sean los gallegos los que tengan que asumir los costes de esta "auténtica falcatruada". Así, atribuyó estos despidos a una cuestión de "auténtica chulería" y del "aquí mando yo, de aquel del que ya conocemos como dispersaba a las masas", en referencia Juan Miguel Diz Guedes.
Estos 126 veterinarios fueron readmitidos el pasado 1 de septiembre como personal laboral indefinido tras una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulos sus despidos el 31 de diciembre de 2001, al sentenciar que se habían vulnerado sus derechos fundamentales.
DESPIDOS NULOS
Con esta readmisión e indemnización se "puso fin", tal y como recordó Alberte Souto, a un litigio que se inició en 2002, cuando estos 126 veterinarios llevaron ante la justicia sus despidos que fueron considerados nulos por cuatro juzgados sociales. No obstante, la Consellería de Agricultura, dirigida entonces por Juan Miguel Diz Guedes, decidió recurrir las sentencias.
A continuación, fue el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el que dictaminó que los despidos habían sido improcedentes, por lo que la Xunta debía indemnizarlos o readmitirlos, optando la consellería por el primer supuesto.
Sin embargo, esta sentencia fue recurrida de nuevo por los veterinarios quienes, tras una sentencia del Tribunal Constitucional, han podido volver el 1 de septiembre a su puesto de trabajo y recibir la correspondiente indemnización por no percibir salario durante este tiempo, ya que consideró nulos sus despidos.
