La protesta coincide con el cese de más de 400 empleados, los contratados por cuatro meses, y se repetirá el 30 de noviembre
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
Trabajadores del servicio público de defensa contra los incendios forestales (SPDCIF) se concentrarán este miércoles día 31, de 11,00 a 12,00 horas, en Santiago ante la estación de autobuses, coincidiendo con el cese de 436 empleados cuyo contrato este año se prolongó durante cuatro meses, para protestar frente a la "temporalidad" y la "precariedad", y por "un cambio de modelo".
Así lo han expuesto este lunes las organizaciones sindicales (convocan CIG, CC.OO., CSIF y UGT), que acusan a la Consellería de Medio Rural de "enviar al paro a más de 1.000" personas entre este final de mes y el que viene.
De hecho, repetirán la movilización el 30 de noviembre, cuando terminan los contratos de otros 610 empleados, en este caso los contratados por nueve meses.
En rueda de prensa, el portavoz de CC.OO. Carlos Hermida ha censurado lo que ve como un "modelo obsoleto", por el "abandono total" en el que a su juicio mantiene la Xunta a este servicio.
En su opinión, existe una "apuesta clara" por parte del Gobierno gallego "por incentivar la empresa privada en detrimento de los servicios públicos", algo que ha ejemplificado con las bases de helicópteros que se distribuyen por la comunidad.
Asimismo, ha denunciado que el grueso de la inversión, de acuerdo con sus números unos 100 millones de euros al año, son destinados a extinción durante la campaña de alto riesgo, cuando "la prevención hay que hacerla en invierno". Por eso, ha subrayado que "hay trabajo para los 12 meses".
FEIJÓO "MINTIÓ"
Por parte de CSIF, Jordi Pérez ha incidido en la "gran temporalidad" de la plantilla, que ha cifrado en torno a un 70%, con ofertas de empleo público (OPE) "pendientes" aunque el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, comprometió que se llevaría a cabo la correspondiente a 2016. "Mintió", ha afirmado.
Además, ha advertido de que si la Xunta acomete la modificación sustancial "unilateral" anunciada a los sindicatos, que, según han explicado Hermida y Pérez, consistiría en que los 500 trabajadores que cada campaña de alto riesgo aporta la empresa pública Seaga a partir del próximo ejercicio los sumaría el servicio público, "la tasa de temporalidad ascendería a casi el 90% de la plantilla".
De acuerdo con lo trasladado por ambos, esa es la intención del Ejecutivo autonómico --que atribuye a los empleados de Seaga las labores de desbroce de las denominadas franjas de seguridad--, pero desconocen si la acometerá.
También han informado de que los presupuestos de 2019 contemplan la partida para que los trabajadores de cuatro meses del SPDCIF pasen a estar contratados cinco, aunque tampoco saben si será así finalmente (la idea que conocen pasa por llegar a los seis meses en 2020).
Por eso, ante la "gran inestabilidad laboral", el representante de CSIF ha exigido la "profesionalización" del servicio. "No entendemos este procedimiento", ha incidido, antes de acusar de "chantaje" a la Administración autonómica y reclamar una negociación sobre la modificación mencionada.
Junto a él, Elías Blanco, de UGT, ha reivindicado, en suma, "un servicio 100% público y único", ya que la participación de compañías en este ámbito, ha alertado, "aumenta el riesgo" durante la extinción.
