La Xunta incluye una batería de medidas en la ley de acompañamiento que modifica la lucha contra el fuego
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las zonas abandonadas podrán ser declaradas como perímetros de alto riesgo de incendios --con carácter no permanente-- en el que caso de que exista una situación de "grave" afectación para las personas o los bienes.
Esta propuesta se hará por parte de los distritos forestales --mediante resolución de la Xunta-- con el fin de describir el perímetro y las medidas a realizar para la limpieza de la biomasa.
La resolución con las tareas a hacer se publicarán en el BOE, el DOG y el tablón de anuncios del ayuntamiento, tras lo cual los propietarios dispondrán de 15 días para llevarlos a cabo, mientras que en caso de no hacerlo se hará cargo la Consellería.
Este es uno de los cambios que la Xunta incluye en una batería de medidas que modifican la actual legislación de lucha contra el fuego en la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2019.
Otra cuestión que aparece es que los planes municipales de prevención contra incendios podrán irse desarrollando por zonas, mientras aumentan las limitaciones a los eucaliptos, al tiempo que se refuerzan las medidas para la gestión de biomasa y la detección de incendios.
También se aboga por "flexibilizar las limitaciones existentes para cambio de uso forestal tras los incendios en los casos en los que existan razones de interés público derivadas de las necesidades de ordenación y gestión sostenible". Además, se avanza en la declaración de utilidad pública de infraestructuras y equipamientos vinculados a la defensa de la lucha contra los incendios.
ARRENDAMIENTO DE MONTES VECINALES
En materia de medio rural, en la ley de acompañamiento también hay cambios como la regulación de los arrendamientos de los montes vecinales, la cual "garantice su explotación rentable".
Según la Xunta, se busca su aprovechamiento y que haya la inversión necesaria para "poner en producción los montes que se encuentran en estado de abandono". El periodo contractual no podrá ser superior a 11 años, excepto para el arrendamiento a través del Banco de Terras --aquí será de 30 años--.
En otro orden de cosas, en esta ley de acompañamiento se amplían los plazos en los que será obligatorio disponer de un instrumento de ordenación o gestión forestal en montes. A finales de 2020 tendrán que estar listos en los montes cuyo coto redondo de mayor tamaño sea inferior o igual a 15 hectáreas, mientras que será a finales de 2028 para el resto.
