Abogados de Pontevedra amenazan con un plante general si se les obliga a devolver cobros logrados por el turno de oficio

Actualizado: jueves, 5 abril 2007 16:05

PONTEVEDRA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los letrados adscritos al Colegio de Abogados de Pontevedra amenazan con iniciar un "plante general" si la Administración autonómica persiste en reclamarles la devolución de los cobros obtenidos a través del turno de oficio durante parte del año 2005, una cantidad que alcanza en total unos 300.000 euros.

El Colegio de Abogados de Pontevedra celebrará el próximo 21 de abril una junta general extraordinaria para decidir qué hacer al respecto. El decano de esta entidad, Eloy Artime, se ha dirigido ya al presidente del Consejo de la Abogacía Gallega y decano del Colegio de Lugo, Xosé Antón López Graña, para que se pronuncie al respecto.

La decisión de la Xunta afecta a letrados de toda Galicia, si bien "el problema en Pontevedra es desmesurado", afirmó Eloy Artime, quien ya adelantó que "el Colegio no va a devolver ni un duro" e instó a la Administración autonómica a "reclamar al administrado", en alusión a los beneficiarios de las asistencias jurídicas.

Para el decano de Pontevedra, "no tiene sentido estar en el turno de oficio si no se nos paga por hacer un trabajo". No obstante, destacó el "tono conciliador" por parte del director xeral de Xustiza, Xulio Iglesias, en la última conversación que mantuvieron a este respecto. Según Artime, Iglesias abogaba por "reformar el reglamento para que no fuese tan riguroso".

Eloy Artime explicó que la Comisión de Justicia Gratuita "aplica el reglamento rigurosamente", lo que supone que si los asistidos en el turno de oficio no acreditan suficientemente su capacidad para ser beneficiarios de ese servicio, no se les concede. Artime valoró que lo que los abogados perciben por el turno de oficio es "una miseria".

Aunque eludió valorar las consecuencias un posible "plante" de los abogados de Pontevedra, algunos profesionales llaman la atención sobre la repercusión de esta medida en dependencias policiales donde, de no asistir los abogados a la declaración de los detenidos, éstos tendrían que ser puestos en libertad en el plazo estipulado de 72 horas.