Siglo XXI reclama al actual regidor un total de 16,5 años
VALLADOLID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI, personada como acusación popular en la causa abierta contra el actual alcalde de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), José Manuel Méndez, y otras cinco personas más por el denominado 'Caso Arroyo', solicita para todos ellos un conjunto de penas que suman un total de 58,5 años de cárcel y el pago de multas por valor global de casi seis millones de euros.
En su escrito de calificación provisional, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, la acusación popular imputa tres delitos de cohecho, dos de ellos del artículo 419 y el tercero del 459 del Código Penal, así como un delito de malversación de caudales públicos y otro de carácter urbanístico (320 del C.P), con la particularidad de que el primer edil de Arroyo ha sido responsabilizado de todos y el resto de imputados tan sólo en parte de ellos.
En concreto, el acusador popular solicita para Méndez un total de dieciséis años y medio de privación de libertad, inhabilitación especial por 31,5 años y el pago de 3.485.000 euros de multa, mientras que para el actual portavoz del PP en la Diputación, Jesús García Galván, al que acusa de un delito de cohecho y otro urbanístico, interesa una pena global de seis años, veinte de inhabilitación y 475.000 euros de multa.
Además, el colectivo acusador solicita a Ramón López Casal y José Presas Zobra, ambos representantes de la empresa gallega Mahía Grupo Inmobiliario S.L, penas de quince y tres años, respectivamente, junto con el pago de multas, por el mismo orden, de 892.000 y 180.000 euros e inhabiltación por veintiséis y nueve años, mientras que para el que fuera arquitecto municipal de la localidad, Buenaventura Conde Salazar, pide nueve años de privación de libertad, 1.220.000 euros de multa y 22 años de inhabilitación y para la apoderada de Mahía en Valladolid, María Iluminada Miguel Fernández, otros nueve años, 1.100.000 euros de multa y su inhabilitación por catorce años.
La presentación de dicho escrito de acusación se produce después de que el pasado mes de mayo la Audiencia de Valladolid ratificara la imputación del alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez, y el resto de imputados. La resolución de la Sección Cuarta de lo Penal confirmaba así el auto dictado a principios del presente año por el Juzgado de Instrucción número 1 y desestimaba los recursos de apelación de los imputados.
En su relato de hechos, el juez situó como principales artífices de la "trama urdida" a los dos representantes de Mahía, Ramón López y José Presas, y al alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez, a los que acusa de ponerse de acuerdo para beneficiar a la referida empresa a través de concesiones y licencias urbanísticas en la localidad, constituyendo para ello un entramado de mercantiles vinculadas al grupo gallego, y todo ello a cambio de contraprestaciones en dinero, inmuebles y otro tipo de regalos.
Así, la investigación otorga al hoy alcalde independiente de la localidad, procedente de Galicia y en la etapa investigada bajo las siglas del PP, un papel primordial en dicho entramado, en el sentido de que las relaciones que éste mantenía con los anteriores antes de recalar en Arroyo fueron aprovechadas por los tres imputados para sacar rédito de las distintas operaciones urbanísticas desarrolladas por Mahía en el municipio a partir de 1999, primero cuando Méndez ocupaba la Concejalía de Deportes y Medio Ambiente y, sobre todo, a raíz de su posterior acceso a la Alcaldía.
De ellos y del resto de imputados, y a modo de síntesis, el juez apunta que "llevaron a cabo conductas consistentes en informar de modo favorable a las solicitudes de Mahía (cualquiera de las empresas del grupo), votar en igual sentido tanto en el Ayuntamiento como en la sociedad municipal del suelo (Emuva), potenciar la expansión con los medios a su alcance, incumplir y obviar trámites administrativos, sobredimensionar presupuestos de adjudicaciones, pagar elevadas e injustificadas cantidades de dinero por servicios o actuaciones puntuales urbanísticas, cuyo coste real era inferior".
Entre las numerosas ilegalidades presuntamente cometidas figuran el convenio urbanístico suscrito en 2005 entre Méndez y su exempleada y apoderada de Mahía, María Iluminada Miguel, que permitía recalificar en el SAU-9 de la localidad un total de 25.598 metros de suelo industrial a residencial para que la promotora edificara 2.984 viviendas, o el acuerdo alcanzado cinco años antes para modificar puntualmente las normas subsidiarias del SAU-13, con el fin de edificar allí, pese a la existencia de una empresa papelera.
Las pesquisas apuntan que en este tipo de operaciones Mahía contó con la colaboración del arquitecto Buenaventura Conde, junto con la del entonces presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, Jesús García Galván, que dio luz verde a las mismas y al PGOU de la localidad, que convirtió en urbanizable el 70 por ciento del municipio.
TREINTA MILLONES DE PESETAS
En este sentido, el auto menciona 30 millones de las antiguas pesetas que, como "colaborador", habría recibido el alcalde de Mahía, así como una vivienda, gratuitamente, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), si bien se desconoce la procedencia del dinero para adquirir otra en As Nogais (Lugo), un chalé en Sangenjo y un piso en Carril, ambos en Pontevedra, o las dos fincas compradas en la lujosa urbanización de La Vega, en la localidad vallisoletana de Arroyo, para edificar un chalé.
"Los ingresos de Méndez eran de alrededor de 3.000 euros, sin que conste la capacidad económica de ninguno de los cónyuges--se refiere también a su esposa--para estas operaciones procedentes de ingresos ilícitos", refiere el auto, que, entre otras ilegalidades, imputa también al munícipe haber regalado, sin expediente alguno, unos columpios usados, tasados en 2.000 euros y propiedad municipal, al municipio de As Nogais, su lugar de procedencia y donde fue concejal por el Bloque Nacionalista Galego.
PATRIMONIO NO JUSTIFICADO
A lo largo de las 34 páginas del auto, el juez detallaba igualmente el patrimonio acaparado por el resto de imputados, entre ellos el hoy portavoz del PP en la Diputación vallisoletana, el popular Jesús García Galván.
De este último, expresidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, la investigación le atribuía un regalo en forma de chalé, supuestamente concedido por Mahía, en el municipio gallego de Mugardos (A Coruña), de 196 metros cuadrados. Aunque el precio se firmó en abril de 2004 por 148.000 euros, "aparece indiciariamente la compra como ficticia, entregada de modo gratuito por las gestiones del citado a favor de la empresa", indica el auto, que recuerda que por aquellas fechas se sitúan las operaciones del SAU-9 y SAU-13 en Arroyo.
Las presentes investigaciones fueron en su momento sobreseídas por este mismo juzgado y reabiertas por la Audiencia de Valladolid, estimando así los recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal y la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI.
