En toda España hay unas 147 empresas de este tipo, el 57% de ellas implantadas en Cataluña, Andalucía y Madrid
SANTIAGO DE COMPOSTELA/MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Administración del Estado ahorra 10,1 millones de euros en políticas sociales públicas gracias a las empresas de inserción laboral, que son aquellas que se dedican a contratar a excluidos sociales con el objeto de que puedan emplearse en el mercado laboral ordinario, de las cuales hay unas 147 en toda España, una de ellas en Galicia.
Así lo determina el estudio 'Identificación y diagnóstico integral de las Empresas de Inserción en España' de la Federación Española de Empresas de Inserción (Fedei), utilizado en la elaboración de la memoria económica del proyecto de Ley reguladora de las empresas de inserción laboral, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 29 de junio.
Concretamente, el ahorro que supone por cada uno de los aproximadamente 2.300 trabajadores en situación de exclusión contratado en España, en términos de coste social, "asciende a 4.400 euros", según los resultados.
Además, si a estas cifras se añade el flujo económico que propicia la existencia de cada empresa de inserción (11.100 euros anuales), que en España ascienden a 147, el 'beneficio social estimado' sumaría a 15.500 euros anuales por trabajador excluido que es contratado, y un montante total de 35,6 millones de euros.
RADIOGRAFÍA
Las empresas de inserción laboral, cuya facturación estimada es de unos 41,4 millones de euros (unos 276.000 euros de facturación media) son, "en su mayoría, intensivas en mano de obra y de escasa inversión de capital", de igual forma que los bienes y servicios que producen "no exigen de sus trabajadores gran cualificación", según el estudio.
En España, estas empresas trabajan en las actividades de recuperaciones y reciclaje (32 por ciento), servicios personales y sociales (16 por ciento), construcción (12 por ciento), artes gráficas (ocho por ciento), jardinería y explotaciones forestales (seis por ciento), fabricación de muebles (cinco por ciento), industria textil (cuatro por ciento) y otras, como la industria manufacturera y transporte y mensajería.
Las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía y Madrid acogen a un total de 84 de estas empresas, lo que supone un 57 por ciento del total. Les siguen Aragón, con once, Navarra (10), País Vasco (9), Castilla y León (8), Canarias (6), Comunidad Valenciana (5), Murcia (4), Asturias y La Rioja (3) y Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, con una empresa cada una.
LA NUEVA NORMA
Según el contenido del proyecto de ley remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados --hasta ahora la legislación que regulaba este tipo de empresas venía recogida en normas dictadas en once comunidades autónomas--, las empresas de inserción deberán estar promovidas y participadas por entidades promotoras al menos en un 51 por ciento del capital social.
Además, deberán mantener un porcentaje de trabajadores en proceso de inserción del 30 por ciento de la plantilla durante los tres primeros años y del 50 por ciento a partir del cuarto. También, deberán reinvertir, al menos, el 80 por ciento de los resultados a la mejora de sus estructuras productiva y de inserción.
Por otro lado, las empresas de inserción y los trabajadores podrán celebrar contratos de trabajo temporal de fomento de empleo, que tienen por objeto la prestación voluntaria de servicios retribuidos por cuenta ajena en una empresa de inserción como parte esencial de un itinerario personalizado, y podrá concertarse por un periodo mínimo de 12 meses y máximo de tres años.
Asimismo, podrán suscribirse contratos de trabajo de carácter indefinido o duración determinada ajustándose a las modalidades contempladas en la legislación laboral vigente.
Se pretende, por otro lado, que con la regulación de las empresas de inserción aumente el número de personas excluidas socialmente que serán atendidas en procesos de inserción sociolaboral. Desde el punto de vista de las políticas públicas, se trata de sustituir políticas pasivas por activas.
