La institución escribe a la CE tras denegar a la plataforma el expediente a España por incumplimiento de la normativa sobre seguridad
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Europeo ha admitido a trámite la reclamación de la plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013 en relación al acceso al expediente sancionador que la Comisión Europea interpuso contra España por incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria.
En concreto, según un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, responsables de la institución, en nombre de la defensora, Emily O'Reilly, han escrito a la Comisión Europea "para ver si es posible resolver el asunto rápidamente", de acuerdo con el principio "de tratar las solicitudes de acceso a documentos con prontitud".
La asociación pedía acceso a estos documentos después de serle denegados por la Comisión con base en "una serie de excepciones" de la normativa comunitaria.
Además, en su reclamación ante la institución europea, reclamaban una investigación independiente sobre el siniestro en el que perdieron la vida 80 personas toda vez que "pasados seis años todavía no se ha realizado".
Lamentaba, en este sentido, haber recibido "diferentes justificaciones por parte de la Comisión, pero la realidad y los hechos es que pasados seis años todavía no se ha realizado una investigación acorde a la legislación europea".
Dejaban claro, eso sí, que "gracias a los diferentes organismos de la UE", los afectados por la tragedia se han sentido "escuchados y tratados como verdaderos ciudadanos".
Tras haber recibido la comunicación de admisión a trámite de su escrito, la plataforma estima que "el tema de la investigación va en otra reclamación que van a estudiar".
EXPEDIENTE A ESPAÑA
En concreto, la Comisión Europea abrió un expediente sancionador contra España al considerar que sus procedimientos de control de la seguridad ferroviaria "no cumplen los requisitos" que exige la normativa comunitaria.
Bruselas ve "deficiencias" en la forma en que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) "analiza e investiga los accidentes e incidentes", según informó en su día (en enero de este año) la institución comunitaria en un comunicado. También observaba problemas en "las técnicas de supervisión" por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).
La apertura del expediente tuvo la forma de una carta de emplazamiento --primer paso en el procedimiento de infracción--, que Bruselas remitió al Gobierno para que en el plazo de dos meses aclarase la situación y ofreciese datos claros de las medidas correctivas que fuera a poner en marcha.
Esta decisión fue celebrada por la asociación de víctimas del accidente, que interpuso una demanda al respecto en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, y por la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, quien facilitó la presencia de los afectados en las instituciones comunitarias y después acabó denunciando (en julio de 2017) el incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de seguridad ferroviaria.
Precisamente la Comisión Europea supervisó la aplicación de la normativa en España a finales de 2017 y principios de 2018, pero ambas partes, tanto la plataforma como la por entonces eurodiputada del Bloque, hacen hincapié en que "si las normas no se cumplían a principios de 2018, menos en 2013", cuando se produjo el accidente de Angrois.
