Los perjudicados por el presunto cobro de sobreprecios sólo confían en la vía judicial para recuperar su dinero
VIGO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
Afectados por el presunto cobro de sobreprecios en la venta de pisos protegidos, en el polígono de San Paio de Navia (Vigo), calificaron hoy de "paripé" el expediente sancionador que la Consellería de Vivenda ha abierto contra la empresa constructora de estas viviendas, Contrucuatro.
Esta promotora, participada por el presidente del PP de Pontevedra, Telmo Martín, podría ser sancionada con una multa de casi 1 millón de euros y la inhabilitación de seis años para construir vivienda protegida.
En declaraciones a Europa Press, uno de los afectados, Pedro Brites, afirmó que la decisión de la consellería "era una medida" que se esperaban pero cuestionó la eficacia de la misma porque, por un lado, aseguran que la empresa "ya no tiene interés en construir vivienda pública, por lo que no le afecta la inhabilitación"; y, por otro lado, no confían en recuperar su dinero "si no es por vía judicial".
Brites reiteró que los afectados, casi 90 personas que adquirieron su piso en un inmueble de la calle Teixugueiras, por el que pagaron un sobreprecio en "dinero negro" de entre 14.000 y 41.000 euros, "no confían en que se les vaya a devolver el dinero sólo porque la Xunta haya abierto un expediente".
En su opinión, esta decisión de Vivenda "es una maniobra para lavarse las manos ante la opinión pública y que no puedan decir que no hicieron nada", pero recordó que la sanción impuesta a otra empresa, Vigolar, también acusada de cobro irregular en la venta de pisos protegidos en ese polígono, "no sirvió para nada".
Este afectado recordó que, si la empresa tuviera que devolver todo el dinero cobrado de forma fraudulenta debería abonar más de 3 millones de euros a los casi 90 afectados y subrayó que "no será tan fácil", ya que "probablemente la empresa recurrirá esta decisión y ni siquiera pagará la sanción".
PARALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE.
Por su parte, el abogado que defiende los intereses de este grupo de afectados, Antonio Salceda, acogió con escepticismo y duras críticas la noticia de la apertura de este expediente y recordó que dicho expediente debe paralizarse porque había una causa penal abierta previamente "que siempre prevalece sobre la vía administrativa".
Salceda lamentó la forma en que la consellería gestionó esta cuestión ya que, "al principio ni siquiera hicieron caso de las denuncias que hicieron los afectados y no han hecho nada hasta que lo ocurrido salió en los medios de comunicación". "Muchas personas fueron a denunciar el cobro de sobreprecios y les dijeron en la Xunta que eso era imposible", lamentó, al tiempo que anunció que pedirán "responsabilidades" a la Administración gallega por esta actitud.
Con respecto a la paralización del expediente, Salceda manifestó su esperanza en que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo, que investiga estos hechos, acepte esa petición y recordó que, en todo caso, si hubiera una sanción impuesta por vía judicial "siempre prevalecería sobre la multa que imponga la Xunta".
