Los abogados ven "insostenible" la acusación contra el expresidente de la Diputación de Pontevedra, su mujer y un exdiputado provincial
A CORUÑA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las defensas del expresidente de la Diputación de Pontevedra y presidente de la Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, su mujer y el exdiputado provincial Severino Reguera han alegado "vulneración de derechos fundamentales" en la vista de apelación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra su procesamiento.
Mientras, han calificado de "insostenible" la acusación del Ministerio Público contra sus clientes, por el caso de supuestas irregularidades en los alquileres de unos locales comerciales.
Para ello, han alegado también que, en todo caso, el delito estaría prescrito. Así lo han manifestado en la vista celebrada en la Sala de lo Civil y Penal del TSXG tras los recursos de apelación interpuestos por las defensas contra el auto de la Audiencia de Pontevedra que decretó la continuación del procedimiento, y que recogió los hechos que previamente había determinado el auto de apertura de juicio oral.
En su día, la querella de Fiscalía contra Rafael Louzán y su esposa se interpuso por cohecho continuado, mientras que en el caso de Severino Reguera, quien también es empresario y cuenta con varios despachos de panadería y pastelería en distintas localidades de Pontevedra, se le atribuyó cohecho impropio continuado.
ARGUMENTOS
En la vista de apelación, las defensas han rechazado la existencia de "sobreprecios" en el alquiler de unos bajos en la calle de As Teixugueiras, en el barrio vigués de Navia y que se hubiese acordado el pago de un importe superior como "un regalo" del Severino Reguera al entonces presidente de la Diputación de Pontevedra por ser elegido "diputado".
"Cuando los diputados no los elige el señor Louzán", ha argumentado el abogado de Severino Reguera. Frente a la tesis de la Fiscalía, este letrado ha rechazado la existencia de un "precio desorbitado", un argumento que también ha expuesto el letrado de Rafael Louzán.
"Fue un contrato de alquiler entre particulares y todo está documentado y pagado por transferencia bancaria". Para las defensas, lo único "enjuiciable" sería el contrato. "Y si es así, como fue en 2008, habría prescrito", han expuesto al alegar, en todo caso, prescripción del supuesto delito.
También han defendido que tampoco sería aplicable el cohecho por unas supuestas irregularidades que se habrían producido en 2008. Al respecto, han sostenido, para rechazar que sus clientes deban sentarse en el banquillo de los acusados, que este delito no se tipificó hasta 2010.
Mientras, han cuestionado que la acusación de la Fiscalía se base "en un informe policial y no pericial". Al respecto, ha insistido en que las defensas han presentado "cuatro informes periciales y contratos que acreditan que era el precio normal de la época", han dicho sobre el fijado en el contrato de arrendamiento.
