Apela a la "higiene democrática" para pedir que Xunta y PSOE asuman responsabilidades y da por probado que Blanco fue agente electoral SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Popular centra las responsabilidades políticas por el caso de la supuesta agente electoral del PSdeG en el conselleiro de Traballo y 'número dos' de los socialistas gallegos, Ricardo Varela, cuya dimisión o cese exige puesto que da por probado que este departamento incurrió en "dejadez de funciones" en este asunto. Además, los populares consideran necesaria la "reprobación pública" del conselleiro de Presidencia, Xosé Luis Méndez Romeu, y del secretario xeral de Emigración, Manuel Luis Rodríguez.
Así lo recoge el dictamen alternativo del PP registrado hoy en el Parlamento y que, frente a la propuesta de los socios de la Xunta, establece responsabilidades políticas sobre varios miembros de la Xunta. Así, los populares consideran "acreditada" la actuación "irregular" de varios cargos políticos por este caso y, en consecuencia, ven "obligado" que se asuman responsabilidades.
"Por higiene democrática y por la credibilidad de las instituciones y del partido político objeto de la investigación --PSdeG--", aduce el dictamen del PP, en el que la oposición sugiere además que abandonen sus cargos en el partido Varela, en su condición de secretario xeral del PSdeG, y Marisol Soneira, como responsable de Emigración del partido y "colaboradora necesaria" de este caso.
Puesto que también considera "implicado" en el caso al actual alcalde de Muxía, Félix Porto, también recomienda al PSdeG que adopte "las medidas disciplinarias que procedan" contra el regidor por su condición de afiliado socialista.
"INTERÉS PARTIDISTA" DE VARELA.
Sobre la responsabilidad de Ricardo Varela, el PPdeG le recrimina que antepusiese el "interés partidista" a sus "obligaciones" como conselleiro. Así, considera que el también secretario de Organización del PSdeG "permitió" que la asociación 'Viticultores de O Castro' --la entidad ourensana que contrató a la supuesta agente electoral con fondos de Traballo-- "incumpliese las condiciones de la subvención".
"Permite que con fondos públicos se acabe financiando a una agente electoral del PSdeG", resume el dictamen de los populares, que, en contra del dictamen de PSdeG y BNG, dan por probado que María Isabel Blanco no trabajó para la entidad ourensana sino para el entonces candidato socialista y responsable de Unións Agrarias en Costa da Morte, Félix Porto, a través de este sindicato.
"Deben ser reintegradas inmediatamente las cantidades que, en concepto de subvención, fueron utilizadas de forma fraudulenta", concluye el PP al considerar demostrado un "fraude de índole laboral", una "cesión ilegal de trabajadores" y un "fraude en el uso de la subvención". Además, resalta el hecho de que Blanco fuese contratada con fondos de la Unión Europea y, al respecto, apostó por aportar toda la documentación sobre este caso a las autoridades comunitarias para evitar una actuación de oficio suya.
JUSTIFICACIONES "FALSAS".
Además de la dimisión o, de no producirse ésta, el cese de Varela, el PP también pide la "reprobación pública" de Méndez Romeu, por realizar una investigación interna con informaciones "falsas" para justificar la concesión del billete a Blanco. También exige la reprobación de Manuel Luis Rodríguez, por incurrir en "dejadez de funciones" primero y, posteriormente, por su "ánimo de fabricar justificantes para amparar el acto ilícito" supuestamente cometido.
Por otro lado, los populares reclaman "máxima transparencia" en la concesión de viajes por parte de la Xunta, método por el que viajó la supuesta agente electoral. De esta forma pretende evitar que la intermediación política suponga que la Administración "se abstenga de realizar cualquier tipo de comprobación", como ocurrió, a su juicio, después de que Soneira solicitase el billete de avión para Blanco. También exige que el PSOE devuelva "de forma inmediata" al el coste equivalente al billete utilizado "fraudulentamente".
A la vista de los "evidentes indicios de delito" que, a su juicio, se derivan de la investigación parlamentaria, el PP propone dar traslado a la Justicia de "todo lo actuado", incluidas las actas literales de la comisión" así como la documentación solicitada por los grupos pero que no fue remitida al Parlamento.
OTRAS RECOMENDACIONES.
En la misma línea, la oposición recomienda dar traslado del dictamen al sindicato Unións Agrarias y al Ayuntamiento de Muxía para que adopten las decisiones que consideren oportunas. Además, reivindican la necesidad de regular los viajes institucionales al exterior, con el fin de que "no se puedan realizar" en precampaña o campaña electoral.
Por último, el PPdeG hace hincapié en que los trabajos de la comisión de investigación "no terminaron" puesto que, a su entender, "aún" faltan testigos y documentación necesarios para conocer el alcance de este asunto y, en concreto, si los "vicios" detectados en este caso "se dieron en más ocasiones". En consecuencia, solicitan la modificación de las comisiones parlamentarias para que los grupos políticos no puedan entorpecer su labor investigadora "de forma discrecional".
