La norma aspira a que el sistema de contratación habitual en la Xunta sea el del "pago por objetivos" y otorga "un papel activo" al ciudadano
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno gallego ha aprobado para remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Garantía de Calidad de los Servicios Públicos que, entre otras cuestiones, permitirá penalizar a empresas concesionarias de la Xunta que no cumplan con los estándares de calidad fijados en los pliegos de contratación. Además, este "incumplimiento" dificultará su acceso a posteriores contratos.
Al término del Consello de la Xunta, el presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha concretado que esta norma se aplicará a los contratos financiados con fondos públicos, al igual que a los servicios prestados por empleados públicos que dependen directamente de la Administración autonómica.
Así, se garantizará que los pliegos introduzcan los mecanismos necesarios para medir la calidad del servicio y que las retribuciones vayan vinculadas a ese nivel; intentando que el sistema habitual de contratación en la Xunta sea el de "pago por objetivos" y no una retribución constante "independiente" de la calidad prestada.
Estas obligaciones de calidad se extenderán también a los subcontratistas, en el caso de que los haya. Además, aunque Feijóo ha preferido no concretar ejemplos de sanciones porque serán diferentes según el servicio, se abre la posibilidad de imponer penas económicas cuando el contratista no dé soluciones a las quejas de los usuarios.
La Administración será la que actúe como garante de los derechos de los usuarios, de forma que si en el procedimiento se determina la existencia de responsabilidad contractual del contratista, ordenará el abono de la indemnización al usuario, indicará el plazo para hacerlo y, si no cumple, dichas cantidades tendrán "la consideración de crédito público".
TRABAJO "DE CALIDAD Y ESTABLE"
Igualmente, los contratistas quedarán "obligados" a proporcionar a sus empleados un trabajo "de calidad y estable", protegiéndolos frente a los accidentes y riesgos laborales, y promoviendo condiciones de conciliación familiar y laboral, y de igualdad de género.
Del mismo modo, se considerará específicamente como "incumplimiento grave" que justificará la resolución de un contrato la vulneración "probada" de los derechos laborales de los trabajadores, en especial de los permisos de paternidad, "bien directamente o mediante coacciones".
"PAPEL ACTIVO" DEL CIUDADANO
Feijóo también ha destacado que la ley otorga "un papel activo al ciudadano" y "eleva a rango de ley" el derecho a "presentar sugerencias o quejas". También quedará "garantizado" que los gallegos que formulen este tipo de cuestiones críticas con la calidad de algún servicio sean informados "sobre su resolución".
El texto define unos estándares mínimos de calidad en los servicios públicos. Así, se recoge por vez primera un estatuto de la persona usuaria de los servicios públicos de Galicia, incluyendo la obligación de que la Administración marque unos parámetros mínimos de calidad en el servicio.
La evaluación continua del funcionamiento de los servicios se reflejará en un informe anual, así como la información de la tramitación de las quejas de los usuarios, se plasmará en un informe anual que se colgará en la web de un Barómetro de Calidad.
