La Audiencia de A Coruña juzga a un exregidor de Sada por un delito medioambiental

Actualizado: domingo, 11 marzo 2012 17:10
cia" class="NormalTextoNoticia" itemprop="articleBody">

También está acusado el entonces primer teniente de alcalde por la tala de árboles sin permiso

   A CORUÑA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El exregidor de Sada y actual primer teniente de alcalde de este municipio coruñés, Ramón Rodríguez Ares, será juzgado en la Audiencia Provincial de A Coruña, junto al actual concejal de Obras y exprimer teniente de alcalde, Emilio Gómez, por la presunta tala de árboles sin autorización. El juicio comenzará este lunes, día 12, y está previsto que se prolongue hasta el miércoles.

   En su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal sostiene que, en abril de 2005, el entonces alcalde de Sada ordenó, sin esperar la autorización necesaria, la tala "de un mínimo de 360 árboles, cantidad muy superior a la solicitada", añade.

   Así, afirma que la solicitud y la autorización concedida con posterioridad "solo amparaba la corta en una superficie de 0,05 hectáreas y se realizó en 1,05" en una zona que limita con el humedal protegido de As Brañas.

   El ministerio público sostiene también que Aguas de Galicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, acordó la paralización de las obras iniciadas en la zona, en mayo de ese año, y añade que los acusados "hicieron caso omiso" de la misma "y encargaron los trabajos de relleno", añade.

PENAS

   En su calificación, considera los hechos constitutivos de un delito contra el medioambiente y otro de prevaricación ambiental por lo que solicita para Ramón Rodríguez Ares --de la Agrupación Progresista Sada Indepediente (APSI), partido que gobierna con el PP en Sada (A Coruña)-- una pena de seis años y nueve meses de prisión, además del pago de una multa de de 13.680 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público durante seis años.

   La Fiscalía solicita para el entonces primer teniente de alcalde cinco años de cárcel por un delito contra el medioambiente, el pago de una multa de 10.800 euros y a la inhabilitación para ejercer un empleo o cargo público durante la condena privativa de libertad.