El fiscal ve posibles 5 delitos continuados de prevaricación y uno de falsedad en documento público a cargo de cinco ediles
OURENSE, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de O Carballiño estudia la posibilidad de personarse en la instrucción que se abrirá por los posibles cinco delitos continuados de prevaricación, que el fiscal atribuye inicialmente a los exalcaldes socialistas Pachi Vázquez y Carlos Montes Marqués, la exalcaldesa accidental en sustitución de Montes, Elisa Domínguez, y los ediles de Personal Alfonso Prado y su sucesor José Antonio Barge Gil.
La instrucción aún no comenzó en el juzgado de O Carballiño, a la espera de que el fiscal dé traslado de la querella que fue notificada a la Fiscalía Superior de Galicia, en relación con Pachi Vázquez por ser aforado en su condición de parlamentario autonómico, y al Ayuntamiento, para que ejerza "posibles reclamaciones por daños y perjuicios", según el documento al que tuvo acceso Europa Press.
Además de los cinco delitos continuados de prevaricación, uno por cada edil, el fiscal vio hechos presuntamente constitutivo de un delito de falsedad de documento oficial, del que considera "inicialmente autor" al exalcalde Carlos Montes, en relación a una supuesta selección de personal para 17 puestos de trabajo en diciembre de 2008 "que no consta como realizada".
El alcalde de O Carballiño, Argimiro Marnotes, ha explicado a Europa Press que el Ayuntamiento estudia su personación tras recibir el escrito del fiscal, como Administración afectada por la actuación investigada.
SIN AMPARO LEGAL
En el decreto del fiscal-jefe, Florentino Delgado, del 2 de julio de 2014, se indica que podría haber lugar a "exigir responsabilidad a la autoridad o funcionario que causó un daño patrimonial por actuación negligente".
El fiscal se refiere al acuerdo del pleno municipal de O Carballiño de marzo de 2008, en el que se aprobó "iniciar una declaración de lesividad para poder exigir por vía judicial, la anulación de un decreto de extinción de contratos, firmado en diciembre de 2006"
El expediente de declaración de lesividad por ese decreto, no se inició y caducó a los seis meses, incumpliendo así el acuerdo del pleno municipal de 2008 lo que podría justificar, según el fiscal, la exigencia de daños por parte del Ayuntamiento de O Carballiño. En efecto, el reconocimiento de eventual lesividad podría implicar el pago de indemnizaciones a los trabajadores.
Además, el decreto enviado a la Fiscalía Superior de Galicia y al Ayuntamiento de O Carballiño, el fiscal envió un informe de los hechos y su inicial calificación jurídica.
Así, indica que desde al menos finales de 2004 --con Pachi Vázquez como alcalde--, en el Ayuntamiento de O Carballiño se hicieron "gran número" de contrataciones de duración determinada para trabajos de competencia municipal; y en un "gran número de ocasiones", se convirtieron en contratos indefinidos por tres vías.
Unas veces por acuerdo de la Inspección de Trabajo, que entendía que la sucesión ininterrumpida de contratos de duración determinada "devenía necesariamente en una contratación indefinida".
En otras ocasiones, según detalla el fiscal, se obtenía el carácter indefinido por resolución judicial, después de la demanda de un trabajador "fundamentada en los contratos anteriores, sucesivos y sin interrupción, de carácter temporal y una tercer vía, se realizaba por decreto de la alcaldía que, sin más, reconocía el carácter indefinido a trabajadores que habían tenido contratos anteriores sucesivos y reiterados".
SESENTA AFINES
Los contratos temporales se realizaron "prescindiendo total y absolutamente" del procedimiento a tal fin, y su conversión en contratos indefinidos fue para 60 trabajadores.
En el escrito se afirma que esta forma de contratar "era una forma de actuar sistémica" en el Ayuntamiento de O Carballiño, en la que estaban implicados "directamente" los alcaldes sucesivos y los concejales de personal, "con conocimiento mutuo y corresponsabilidad" en su actuación. Sobre ella, asegura que fue "absolutamente arbitraria" en la que se atendía "exclusivamente a afinidades de tipo político, personal o de otro tipo no recogido en el ordenamiento".
La calificación inicial incluye la consideración de que los contratos se firmaron "prescindiendo de todo principio constitucional" que inspira la contratación pública y con "desprecio absoluto" por la Ley reguladora del Régimen Local y por el Estatuto básico del Empleado Público. En ese sentido, el fiscal asegura que hubo "consciente omisión" de los más elementales principios de contratación pública en los que "la publicidad es, sin duda, la piedra angular".
Los implicados decidían los puestos de trabajo que había que cubrir y las personas designadas para cubrirlos "con apariencia de contratos temporales y, en su caso, indefinidos". También afirma que conocían "la absoluta ausencia de procedimiento de contratación, y nunca pidieron informe alguno a secretaría ni intervención municipales "para no hacer patente su manifiestamente ilícita actuación".
DOS DECRETOS DE PACHI VÁZQUEZ
El escrito hace referencia destacada para dos decretos de Pachi Vázquez, uno de diciembre de 2004 para hacer indefinidos a 6 trabajadores temporales, y otro de enero de 2005, para contratar a 31 trabajadores para todo el año, a propuesta del edil de Personal.
También se mencionan a otros seis decretos del regidor Carlos Montes, sucesor de Pachi Vázquez, desde 2006 a 2009, para 60 contratos temporales y 38 conversiones en indefinidos "que antes tuvieron contratos temporales también realizados sin procedimiento o amparo legal".
Destaca, además, dos decretos firmados por la edil que fue alcaldesa accidental, Elisa Domínguez, para contratar a seis personas para cursos y varios contratos firmados por los ediles de Personal.
