La oposición opta por no votar el convenio para la construcción de la EDAR, que fue rechazado por los ediles de Compostela Aberta
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS)
El pleno del Ayuntamiento de Santiago ha aprobado de forma definitiva la remunicipalización del servicio de la ORA y la grúa, que pasará a ser asumido por la empresa municipal de transportes Tussa, tras más de dos años desde la anulación por sentencia judicial del concurso público concedido en 2012 a la empresa Setex Aparki, que desde entonces prestaba el servicio a través de prórrogas.
El voto de calidad del regidor compostelano, Martiño Noriega, ha permitido decantar la balanza y deshacer el empate a doce registrado en la votación para dar luz verde a que la administración pública asuma los servicios. PP y PSOE --que desde hace dos años cuenta con solo tres de los cuatro ediles que le corresponden-- han votado en contra, mientras el grupo de gobierno (Compostela Aberta) y BNG lo han hecho a favor.
El BNG ha explicado que su postura de facilitar la decisión propuesta por CA ha sido por "ideología" y por "compromiso con las familias de los trabajadores". Y es que su portavoz, Rubén Cela, se ha mostrado muy crítico con la manera de gestionar el proceso por parte del grupo de gobierno, al que le han llovido críticas también por parte de socialistas y populares.
De hecho, PSOE y PP acusaron a Compostela Aberta de plantear una cuestión "sin seguridad jurídica" y "extorsionar" a los grupos de la oposición ante la amenaza de la suspensión del servicio en caso de no aprobarse, lo que afectaría a los trabajadores.
De este modo, tras más de dos años desde el inicio de un proceso de remunicipalización que comenzó en septiembre de 2015 con la sentencia del TSXG que anuló el concurso público de 2012 en el que Setex Aparki se hizo con el servicio; el pleno de la corporación local da luz verde a que la gestión de la ORA y la grúa pasen a la empresa municipal Tussa, que asumirá los puestos de los actuales trabajadores.
Precisamente la subrogación de los trabajadores es una de las cuestiones que más dudas despierta en los grupos de la oposición, que consideran que Compostela Aberta no ha blindado jurídicamente este asunto, que podría acarrear problemas futuros tanto para el consistorio como para los 40 empleados del servicio.
Sobre esta cuestión pesaba un recurso de suspensión formulado por Intervención que finalmente fue levantado con los votos a favor de CA y BNG y la oposición de PP y PSOE, lo que ha permitido someter a votación la remunicipalización definitiva del servicio, con idéntico resultado.
CRÍTICAS DESDE LA OPOSICIÓN
Para el edil popular Alejandro Sánchez Brunete el proceso "puede estar abocado a un drama" y abre "graves riesgos" para el ayuntamiento y los trabajadores. Además, acusó al grupo de gobierno de "extorsionar" a la oposición bajo la "amenaza" de que, de no salir adelante la remunicipalización este jueves, se dejaría de prestar el servicio y el empleo de los trabajadores quedaría en suspenso hasta la resolución del proceso.
En la misma línea se ha expresado el portavoz socialista, Paco Reyes, que tachado de "chapuza" el expediente de asunción del servicio por Tussa porque "no trae seguridad jurídica para tomar una decisión". "No es una decisión de voluntad política, es una cuestión legal", ha esgrimido Reyes.
Por su parte, Rubén Cela ha lamentado "la oportunidad perdida" por parte del grupo de gobierno porque, a su juicio, el modelo planteado "no mejora el servicio" para los vecinos de la ciudad lo que se suma a que "a día de hoy Tussa no tiene los medios materiales para asumir esa gestión".
"Es una buena idea pésimamente planteada que puede traer problemas", ha remarcado el portavoz nacionalista que, con todo, ha justificado su apoyo a la remunicipalización por razones "ideológicas" de defensa de "que los servicios públicos están mejor gestionados por lo público" y por responsabilidad con el futuro de los trabajadores. "Si no estuviesen en juego 40 puestos de trabajo, nuestra postura no sería la misma", ha concluido.
POSTURA DEL GOBIERNO
El regidor compostelano, Martiño Noriega, ha negado que el expediente estuviese "poco trabajado" y ha recordado que es fruto "de dos años de trabajo" en "un marco controvertido" con los procesos de municipalización de servicios públicos.
"La única ilegalidad fue la concesión de 2012 con el PP en el gobierno", ha espetado Noriega, que ha ironizado con que las empresas concesionarias "no deben ponerse nerviosas" por la apertura de procesos de recuperación de servicios para gestión pública.
"Esto va de tomar partido, de explorar esa posibilidad. Es el momento de cerrar este proceso y que Tussa se ponga a trabajar, dar estabilidad a plantilla y empezar a hacer políticas públicas de movilidad. Es ahora", ha concluido el regidor antes de dar paso a una votación cuyo resultado fue recibido con aplausos por parte de un grupo de trabajadores de la ORA y la grúa que presenciaron el debate plenario en el Pazo de Raxoi.
PROCESO DESDE 2015
En octubre de 2015 una sentencia del TSXG declaró "sin efecto" la adjudicación contractual del servicio a Sextex Aparki, ya que entendía que ésta no había actuado "de buena fe" en el concurso público.
A partir de entonces, el gobierno compostelano inició los pasos para recuperar la gestión pública del servicio, que recibió luz verde de la corporación local en mayo de 2017 gracias a los votos de CA y BNG. PP se opuso y el PSdeG-PSOE optó por la abstención.
No obstante, esta resolución plenaria quedó en suspenso hasta la resolución del recurso presentado por Doal, la empresa que quedó segunda en el concurso público anulado por el TSXG en 2015, y que reclamaba al ayuntamiento una indemnización.
Finalmente, la justicia dio la razón a esta compañía que, sin embargo, decidió no asumir el contrato, por lo que el gobierno santiagués acordó reemprender el proceso de asunción directa del servicio porque entiende que Doal "no cumple con los requisitos" para prestarlo.
CONVENIO DEPURADORA
Por otra parte, el pleno de la corporación municipal de Santiago ha rechazado el convenio con la Xunta y el Estado para la construcción de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). La oposición ha optado por no votar este punto, que ha quedado rechazado gracias a los diez ediles de CA.
Y es que tanto PP como PSOE y BNG consideran que el grupo de gobierno actuó "de forma irresponsable" porque no negoció de forma correcta con Acuaes y Augas de Galicia y llevó a pleno un convenio "para rechazarlo", en palabras del portavoz socialista.
"El culpable de esa lamentable negociación fueron los que negociaron, no los grupos de la oposición", ha indicado el portavoz popular, Agustín Hernández. El BNG opina que "hace dos años" el equipo de Noriega "debería haberle dicho a la Xunta y al Estado que ahí (O Souto) no se hacía la depuradora y, acto seguido, plantear una alternativa".
Compostela Aberta considera que el convenio no es justo por la aportación económica que le exigen al ayuntamiento y porque se oponen a la ubicación (O Souto) y a una fase cero que implicaría "un movimiento de tierras de 500,000 metros cúbicos fuera de proyecto".
El alcalde ha incidido en que es "competencia" del pleno tomar una decisión al respecto frente a las críticas de la oposición de que su gobierno "no ha hecho nada en dos años" para garantizar la construcción de una infraestructura "necesaria" sobre la que pende "una cuenta atrás" que podría dejarla sin fondos comunitarios en caso de no ser ejecutada antes de 2023.
Noriega ha asegurado que el motivo de someter el convenio a la opinión del pleno se debe a que, según el alcalde, es preciso "marcar posición porque las otras partes no se mueven". Además, ha avanzado que "en los próximos días" presentarán "una alternativa" para la EDAR trabajada con la Universidad.
